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Tres veredas desocupadas por completo. Por lo menos 193 familias y 508 personas fueron desplazadas de sus hogares. El Ejército Nacional está en máxima alerta. El activismo de la zona reclama que esta situación se presenta cada año. Los nuevos paramilitares luchan con los disidentes de las Farc, todo mediado por fuerzas del narcotráfico. Una población aterrorizada y sin saber qué hacer. Un Estado ineficaz. Ese es el diagnóstico terrible de lo que está ocurriendo en Ituango y las zonas aledañas.
Arrancando esta semana, la Unidad de Víctimas prendió las alarmas. Más de un centenar de familias de las zonas rurales de El Quindío, Quebrada del Medio, Las Arañas y Alto del Limón se han desplazado desde el pasado domingo a la zona urbana de Ituango. Llegaron ahí empujados por las disidencias de las Farc que están en conflicto con las llamadas Autodefensas Gaitanistas. La pregunta obligada es por qué las autoridades no pudieron evitar esa realidad y qué medidas de fondo se tomarán para que, en unos meses o en un año, no estemos de nuevo contando desplazados.
“Según nuestras fuentes en la zona, las disidencias están obligando a la población a desplazarse y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) amenazan con prender fuego a las viviendas de quienes se desplacen”, escribió José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Lo propio dijo Isabel Cristina Zuleta, de la organización Ríos Vivos: “La situación es aterradora, hay cientos de familias sufriendo en el pueblo y otros cientos caminando porque los paramilitares, para intentar evitar los desplazamientos, amenazaron a la empresa de transporte”.
El Estado ha hecho presencia. El Ejército llegó a las veredas desocupadas y la Unidad de Víctimas ha sido clave para despertar la atención nacional. Sin embargo, lo frustrante es que la tragedia era predecible y, peor aún, no tenemos garantías suficientes de que no se repetirá. ¿Por qué estas zonas siguen viviendo entre la falta de oportunidades y la violencia?
Una respuesta ineludible es el narcotráfico. Ahí el panorama es descorazonador en gran parte porque desde el Gobierno nacional la estrategia es la de siempre: mano firme y presencia militar. Tenemos décadas que muestran que esa aproximación es insuficiente para solucionar un problema complejo, pero la voluntad política mayoritaria en Colombia sigue estando arraigada en la fallida guerra contra las drogas. Los pronósticos, entonces, no son muy buenos.
Algo que sí podría hacerse y sobre lo que hay consenso es aumentar la presencia estatal más allá de lo militar. Las inversiones en tejido social, en llevar programas del Estado, en construir oportunidades de empleo para las personas de la zona tienen un lazo directo con la reducción de la violencia y el poder de los grupos ilegales. En la estrategia de los gobiernos colombianos ha abundado el garrote y es poca la zanahoria. ¿No será momento de balancear las cargas?
Por el momento, lo clave es que todas las personas desplazadas se sientan respaldadas y protegidas por el Estado. El país entero debe concentrar su atención sobre esta tragedia, denunciarla y exigir planes a corto y mediano plazo. Ante la violencia irracional que quiere ejercer su poder sobre el territorio, la respuesta es una institucionalidad presente y vehemente.
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