La justicia pendiente en el caso del grafitero

¿Es mucho pedir que sea la misma Policía la que presione para que estos hechos, que nos afectan a todos, sean esclarecidos por la justicia cuanto antes?

Todos los obstáculos del caso del grafitero envían el mensaje de que la impunidad prima sobre la transparencia en los casos que involucran a agentes estatales. / Archivo.

El 19 de agosto de 2011, Diego Felipe Becerra, un joven grafitero de 16 años, murió tras recibir un disparo del patrullero Wílmer Alarcón. Lo que ha ocurrido después envía el triste mensaje de que cuando hay agentes estatales involucrados en los crímenes, la justicia opera con lentitud y los resultados muchas veces son perjudiciales para la reparación de las víctimas. Una nueva sentencia aclara un poco las cosas, pero también produce frustración.

Esta semana, en primera instancia, el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá condenó al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por los daños morales y materiales causados a los padres de Becerra. Más importante aún, el juzgado hizo afirmaciones que por fin sacuden las versiones que pretendían culpar al joven de su propia muerte.

Al respecto, para el juzgado “resulta evidente que la muerte del joven Becerra Lizarazo fue ocasionada por un arma de dotación oficial, utilizada por un miembro de la Policía Nacional en actos de servicio”. Además, agrega, “las evidencias probatorias descartan de plano la ocurrencia de una legítima defensa por parte de miembros de la Policía Nacional en el proceso penal y desacreditan el argumento de defensa del Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional respecto al hecho personal del agente”.

En otras palabras: Becerra nunca disparó contra los agentes —algo que la Policía había insistido desde el principio— y no había ninguna justificación para que lo trataran con tal agresividad.

Y en otro hallazgo que amerita un acto genuino de arrepentimiento de la Policía, el juzgado dijo que otros agentes actuaron de manera irregular “alterando la escena de los hechos, plantando un arma y presentando un informe que no correspondía con las verdaderas circunstancias de tiempo, modo y lugar”. En plata blanca, mintiendo para encubrir lo ocurrido.

Esto es inaceptable. Por supuesto, falta que se resuelva la apelación, pero lo dicho por el juzgado comprueba las sospechas que se tienen desde que ocurrieron los hechos, además de respaldar las peticiones de los familiares y amigos de Becerra que no se han cansado de exigir justicia.

Sin embargo, el caso todavía está lejos de darse por cerrado. El juzgado, en su decisión, excluyó la reparación a la abuela del menor, sus tíos, amigos y su nana, quienes, razonablemente, han argumentado que también se han visto afectados por este atropello.

Pero más allá de las reparaciones individuales, todo lo que ha pasado con el tratamiento de este caso es justo motivo para la indignación. Todos los procesos, como se ha vuelto costumbre en el sistema jurídico colombiano, han sido objeto de dilaciones por parte de la defensa de los civiles y policías presuntamente involucrados. Sólo hasta este año Freddy Navarrete y Nelson Rodríguez acordaron con la Fiscalía aceptar haber participado en el entramado que pretendía encubrir el crimen.

Por ejemplo, Miriam Pachón, la abogada que representa a la familia de Becerra, denunció que por amenazas, el subintendente Giovanny Tovar no ha podido validar ante un juez el acuerdo que suscribió con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad y contribuir con la investigación. Él habría sido quien llevó al lugar de los hechos la pistola que se le plantó a Becerra.

No estamos, por supuesto, negando la posibilidad de que varios de los implicados sean inocentes. Pero no deja de ser incómodo que las dilaciones lleven a que se aplace la verdad indefinidamente. ¿Es mucho pedir que sea la misma Policía la que presione para que estos hechos, que nos afectan a todos, sean esclarecidos por la justicia cuanto antes? Más aún en casos cuando todo parece indicar que sí hubo actos reprochables.

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