Los hechos más recientes agregan un giro a los escándalos de chuzadas que cada tanto surgen en el país, pues, según la Fiscalía, existían varias empresas dedicadas, desde la sociedad civil, a ofrecer los servicios de interceptación. Ya no se trata del Estado esculcando, de manera ilegal y con propósitos innobles, la vida de magistrados, periodistas, funcionarios y activistas de oposición —como sucedió en el pavoroso caso del desaparecido DAS en el gobierno de Álvaro Uribe—, sino que ahora estamos frente al desarrollo de todo un negocio criminal que se utiliza para asuntos que van desde infidelidades hasta espionaje industrial y político y que, lo más angustioso, está en furor en el país.
¿Por qué tantas personas ven con buenos ojos contratar estos servicios ilegales? ¿Hay otras empresas similares operando con el beneplácito de los ciudadanos que las contratan? ¿Acaso se trata de una práctica común que ha sido invisible para las autoridades?
Quizás no sea tan invisible, pues ¿cómo explicar que exmiembros de la Fuerza Pública —entre ellos un referente en la Policía Nacional como el general (r) Humberto Guatibonza— olviden que se han despojado del uniforme y no cuentan ya con la autorización que antes tenían para hacer inteligencia? Peor aún, ¿acaso la decisión consciente, ya de civil, de montar estas empresas delictivas nace de la manera como ejercieron el poder estatal cuando eran activos, es decir, que no lo ejercían dentro de los parámetros de la ley ni siquiera entonces? Aterrador.
Pero quizás más preocupante sea esa normalización de la práctica en un país con una historia tétrica de persecuciones. No parece que hayamos aprendido del pasado. No se siente en la ciudadanía el necesario rechazo vehemente a estos hechos. Lamentable.
Por ahora, entre los crímenes que se les imputan a los vinculados está la interceptación ilegal de comunicaciones de fiscales, abogados y hasta de la esposa de un amigo del general (r) Guatibonza. Un testigo señala como uno de los clientes de la empresa criminal al senador Armando Benedetti —quien ha negado su participación y ha hablado de una retaliación—, para chuzar y hacerles seguimientos a prestigiosos abogados y sus familias (incluso un menor de edad) y al mismísimo fiscal general y su familia. La Fiscalía, además, señaló que hubo chuzadas que involucran a reconocidas empresas, aunque sin dar detalles.
Renglón aparte merece, en este último punto, el uso de los micrófonos por parte del ente investigador para dar información sensible de manera incompleta. Al mencionar a las empresas pero no publicar detalles sobre quiénes dentro de ellas usaron los servicios y con qué fines puntuales, ha dejado en el ambiente un manto de duda sobre ellas que es necesario despejar con prontitud. Lo hemos dicho en el pasado: los entes de control deben ser mucho más responsables con sus declaraciones, pues el litigio se debe dar en los tribunales y no en la opinión pública. Especialmente cuando hay temas tan sensibles de por medio.
Razón de más para exigir que esta investigación llegue a resultados claros y palpables y no se vaya a quedar en la espuma pasajera. Porque una seria labor de investigación, acusación y sanción ejemplares es la base para que esta perversa actividad criminal vaya dejando de lucirles como algo normal a los colombianos. Apenas la base, sí, pero una esencial para destruir esta absurda normalización de las chuzadas.
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