La cacería dentro del Ejército y sus responsables

El Ejército no está siendo transparente con el país y, además, varios de sus miembros de alto rango han dado declaraciones falsas a los medios de comunicación. Esa es la conclusión que queda después de que la revista Semana revelara un documento de la Procuraduría a propósito de la cacería que se ha venido dando dentro de esa institución. Las publicaciones periodísticas que han alertado al país sobre las políticas adoptadas en el Ejército han desencadenado una serie de prácticas muy preocupantes para una institución de tal relevancia para los colombianos. ¿Para cuándo las respuestas de todos los involucrados y del Ministerio de Defensa?

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra del general Eduardo Quirós, quien hasta hace poco estaba a cargo del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (Cacim), y contra su segundo al mando, el teniente coronel William Roberto Medina. El Ministerio Público, según un documento publicado por Semana, encontró suficientes pruebas para concluir que “el grupo comandado por el general Quirós se dedicó a una actividad ajena a la que demandaba la misión oficial que él mismo había dispuesto, cual fue convocar a un personal para someterlos a pruebas de diferente naturaleza en aras de lograr establecer quién de ellos pudo ser el que filtró a la prensa situaciones presuntamente irregulares, protagonizadas por mandos superiores del Ejército”.

Es decir, ahora sabemos que una docena de militares de contrainteligencia se dedicaron a llevar a cabo una cacería dentro del Ejército para dar con quienes hablaron con The New York Times y Semana, a propósito de las directrices que parecían abrir la puerta para una lógica similar a la que en el pasado terminó en ejecuciones extrajudiciales.

Aunque en varios momentos miembros del Ejército negaron que esto estuviera ocurriendo, la Procuraduría demuestra que en efecto se tomaron medidas, no solo para encontrar a las fuentes de los medios de comunicación, sino también para tapar las actividades que se estaban llevando a cabo. El documento del Ministerio Público da cuenta de un testimonio que afirma que el comandante del Ejército, Nicacio Martínez, fue quien dio la orden de iniciar la cacería.

Esta situación es gravísima y las respuestas del Ejército y el Ministerio de Defensa no pueden ser sus usuales evasivas. ¿Dónde queda la responsabilidad por lo ocurrido? ¿Qué garantías de transparencia y no repetición pueden darse?

Además, hay una declaración, en las revelaciones, que tiene que ser explicada. Según varias fuentes, en una reunión en Cúcuta, el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, general Diego Villegas, dijo: “El Ejército de hablar inglés, de los protocolos, de los derechos humanos se acabó. Acá lo que toca es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con los Pelusos nos vamos a aliar, ya hablamos con ellos, para darle al Eln. Si toca sicariar, sicariamos, y si el problema es de plata, pues plata hay para eso”.

Si la declaración es cierta, ¿por qué un general está pensando así? ¿De dónde viene la plata que menciona? ¿Hay acaso permisividad para aliarse con organizaciones criminales? ¿Por qué el desdén hacia los protocolos de los derechos humanos?

En un comunicado, el Ejército dijo que “se ordenaron las actuaciones pertinentes, tales como visitas por parte de la Inspección General y la apertura de investigaciones disciplinarias”. El país sigue esperando respuestas más detalladas.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Por favor, considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.