La Corte malabarista y el Congreso ridículo

El Senado se inventó una inhabilidad para los magistrados de la JEP cargada de prejuicios, demostrando una vez más que no ha estado a la altura del reto y que la politiquería individualista es la ley entre los parlamentarios. / Cristian Garavito - El Espectador

Continúa el aterrizaje forzoso del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pieza angular de la apuesta histórica por la justicia transicional, fue intervenida esta semana que termina por la Corte Constitucional y el Senado. El tribunal, con un fallo que busca disminuir la violencia de quienes se han opuesto al mecanismo de justicia, dejó ansiosos a los exguerrilleros. El Senado, por su parte, se inventó una inhabilidad cargada de prejuicios, demostrando una vez más que no ha estado a la altura del reto y que la politiquería individualista es la ley entre los parlamentarios. Cojea la paz.

La Corte Constitucional hizo maromas para declarar la exequibilidad de la JEP. De rescatar es que la decisión haya sido unánime, enviando un mensaje incontrovertible: la justicia transicional está acorde con la Carta Política. Sin embargo, en el proceso se introdujeron modificaciones que reducen el alcance de lo pactado en La Habana, al mismo tiempo que intentan desarmar a quienes se han opuesto con vehemencia al proceso.

Dentro de las decisiones más importantes, el tribunal dijo que los exguerrilleros sí podrán ejercer la política siempre y cuando firmen un compromiso de someterse a la justicia transicional, y que la JEP deberá imponer sanciones que no entren en choque con sus responsabilidades si son elegidos. De esa manera, la Corte solucionó uno de los puntos más álgidos en el debate público, calmando a las Farc y aclarando cómo se garantizará que sus delitos no queden impunes.

Sin embargo, en la misma decisión el tribunal dijo que los terceros involucrados en el conflicto armado sólo podrán asistir a la JEP de manera voluntaria. Esto, que desarma muchas de las críticas de la derecha y el No al Acuerdo de Paz, fue leído por las Farc como un desequilibrio de cargas. Iván Márquez dijo que “la idea de establecer la JEP no era sólo para habilitar el tránsito de la guerrilla a la vida civil. También lo era para superar el régimen de impunidad que se deriva de la justicia ordinaria. Al sacar a los civiles y agentes del Estado, se preserva la impunidad y se desprecia a las víctimas. No contribuye en absoluto al esclarecimiento de la verdad”.

Aunque es cierto que el tribunal obligó a la Fiscalía a que priorice los casos en la justicia ordinaria contra terceros que surjan de información en la justicia transicional, no deja de ser extraño que los civiles que contribuyeron al conflicto armado no puedan ser investigados por el tribunal de paz. El tiempo dirá si, en efecto, esta modificación condenó a las víctimas a la impunidad en muchos casos o si fue una sabia decisión para salvar la legitimidad del proceso.

Las Farc también criticaron que la Corte subordinara vía tutela la JEP a la jurisdicción constitucional (otro alivio para los opositores del proceso), pero esto tiene sentido: no podía crearse un tribunal independiente de la Carta Política.

Por su parte, el Senado aprobó en segundo debate la reglamentación de la JEP, pero introdujo una inhabilidad ridícula. En el estado actual del proyecto no podrán ser magistrados del tribunal quienes en los últimos cinco años se hayan desempeñado como defensores de derechos humanos. Es decir, 15 de los 38 elegidos para el sistema de justicia no podrían ejercer su cargo. Esta es una prohibición inconstitucional (la Corte ya dijo que las inhabilidades de la JEP deben ser las mismas que aquellas que rigen las altas cortes), incoherente, ofensiva y hace sospechar sobre la mala fe de los parlamentarios.

¿Cuál es el crimen por haber sido defensor de derechos humanos? ¿Por qué eso los inhabilita para ejercer como jueces? ¿No queremos, precisamente, expertos en el conflicto armado, en la protección de las víctimas y en las complejidades de nuestra guerra? Más allá de las inhabilidades obvias en casos concretos donde hayan litigado, ¿qué justifica una prohibición general y vaga? ¿Acaso estamos adoptando el prejuicio que tilda de terroristas a quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos? ¿Es ahora oficial ese discurso que tantos muertos injustos ha causado en la historia de Colombia?

Todavía la Cámara de Representantes puede enmendar el despropósito, y el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que el Gobierno se compromete a modificar la inhabilidad. Ojalá así sea y que no tenga la Corte Constitucional, nuevamente, que salvar lo que los líderes políticos quieren descarriar. Es una lástima que en esto haya terminado uno de los hechos más importantes en la historia del país. ¿No podía ser de otra forma?

 

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