La empanada no es el problema

El tema de fondo, no obstante, no son las empanadas, ni si la Policía está invirtiendo bien sus recursos en perseguir a quienes las compren. La pregunta es por qué la venta ambulante persiste pese a los intentos por controlarla. / Foto: Gustavo Torrijos - El Espectador

Sí, las ventas ambulantes suelen invadir el espacio público y causar molestias. Sí, la competencia que estos vendedores representan para otros locales pequeños que sí hacen todo según la ley es injusta. Sí, Colombia necesita más orden y mover su economía hacia la formalidad. Pero situaciones como la multa de $800.000 por comprar una empanada son síntomas de una falla en política pública mucho más grande que lo que se ha tenido en cuenta en el debate público al respecto.

El escándalo nacional es justificado. Hace un par de semanas se conoció que un ciudadano fue multado por comprar una empanada en una venta ambulante. Según la Policía, este comportamiento viola el artículo 140 del Código de Policía, donde se establece que estos actos “promueven o facilitan el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente”.

No se trata, por cierto, de un hecho aislado. Según datos compartidos por la Policía, el año pasado se impusieron 1.200 comparendos por situaciones similares y en el 2019 ya van 126.

El tema de fondo, no obstante, no son las empanadas, ni si la Policía está invirtiendo bien sus recursos en perseguir a quienes las compren. La pregunta es por qué la venta ambulante persiste pese a los intentos por controlarla.

Y la respuesta se nos antoja que está en la falta de incentivos suficientes para entrar a la economía formal. Como mencionamos al comienzo, no nos cabe duda de que la única manera para que el país sea sostenible a largo plazo es vinculando a todos los ciudadanos a la formalidad, con todas sus protecciones y responsabilidades. ¿Qué está fallando, entonces?

Según cifras del DANE, en el trimestre de octubre-diciembre del año pasado “la proporción de ocupados informales en 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 48,2 %”. Hay casos extremos, como Cúcuta (con un 70,6 % de informalidad), Sincelejo (65,7 %) y Santa Marta (65,1 %). Incluso ciudades que están mejor, como Bogotá (42,1 %) y Medellín (42,9 %), todavía tienen cifras muy altas.

En la práctica, eso significa que los espacios públicos van a seguir siendo invadidos. Necesitamos implementar nuevas medidas de orden para los andenes, pero que no impliquen privar a estas personas de un mercado que existe y que les permite subsistir. La solución no es, como en el pasado, trasladar todas las ventas ambulantes a un lugar particular de la ciudad; eso es no reconocer que lo determinante en este asunto es poder, en efecto, vender a un público que quiere el producto que se ofrece.

Una vez las ciudades estén adoptando las medidas adecuadas que permitan la formalización de estos vendedores, con reglas claras para la utilización de los espacios públicos más concurridos, el trabajo de la Policía será perseguir a quienes continúen en la informalidad. Pero, mientras eso no ocurra, la existencia de multas como la mencionada va a seguir causando escándalo en la ciudadanía. Perdemos todos cuando la reglamentación no va acompañada de inclusión.

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