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Mientras el mundo entero miraba los camiones con ayuda humanitaria quemados en el puente que conecta a Cúcuta con Venezuela, entre los habitantes de la zona rondaba una pregunta angustiosa: ¿y cuándo llegará la colaboración para un departamento que lleva varios años en crisis económica?
Esta semana, después de visitar Cúcuta y reunirse con representantes de organizaciones que operan en el Catatumbo, el procurador general, Fernando Carrillo, hizo eco de ese reclamo. Hablando con La Opinión, dijo que en Norte de Santander “se requiere un plan de emergencia para afrontar esa avalancha que va a tener consecuencias humanitarias (...) se necesita un mayor involucramiento del Gobierno Nacional en la solución de la problemática social y económica que apenas se está comenzando a vislumbrar en este momento en la zona”.
La situación no es nueva. Norte de Santander, como todos los departamentos fronterizos, sufrió desde que las relaciones con Venezuela se empezaron a fracturar y la economía de ese país entró en la crisis. Todavía se recuerdan los decretos de emergencia social, expedidos durante el gobierno de Álvaro Uribe, que buscaban paliar la situación; pero han sido pañitos de agua tibia que no han atendido los problemas de fondo.
Norte de Santander tiene serios problemas por la informalidad (su capital, Cúcuta, tiene un 70,6% de informalidad, la tasa más alta entre las ciudades medianas y grandes del país), la presencia de bandas criminales, narcotráfico, guerrillas (Eln y Epl), así como corrupción y altos índices de delincuencia común.
Sigue a El Espectador en WhatsAppDice mucho que, en vísperas de las elecciones, buena parte del debate en Cúcuta gire en torno a si Ramiro Suárez, exalcalde condenado por haber ordenado el asesinato de un abogado opositor, podrá lograr que se elija una ficha suya en la Alcaldía.
Cuando se habla de buenas intenciones para reconstruir Venezuela, harían bien el Gobierno Nacional y el Congreso colombiano en empezar por reconstruir las zonas fronterizas. Las economías que durante décadas se construyeron sobre la codependencia entre Venezuela y Colombia no pueden reencaminarse con inversiones esporádicas.
Tiene razón el procurador Carrillo al formular que “hay que hacer un diagnóstico de fondo de cuál es el futuro de esta región frente a tantas amenazas económicas y sociales que están influyendo sobre su estabilidad”. Esto no lo pueden hacer solos los políticos locales, que han expresado sus preocupaciones por el olvido sistemático del Gobierno central.
Norte de Santander es un espacio clave para el posconflicto, pues al Catatumbo no ha podido llegar el Estado para controlar los brotes de violencia. También es una zona clave para la asimilación de los migrantes venezolanos, muchos de los cuales deciden quedarse en estas poblaciones, donde el trabajo de por sí es precario. La situación empeora todos los días y no hay a la vista soluciones. ¿Vamos a permitir que ese tipo de situaciones se sigan saliendo de control en territorio colombiano?
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