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El ministro de Defensa, Guillermo Botero Gil, ha expresado ya en dos ocasiones posiciones preocupantes sobre la protesta social. Ya sea por falta de cuidado al hablar o porque se trata de convicciones profundas, haría bien el funcionario en comprender las consecuencias que sus palabras tienen en las regiones del país.
Recién nombrado en el cargo, el ministro Botero dijo que, aunque respeta la protesta social, esta, además de ordenada, debe ser una manifestación que “verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”. En su momento utilizamos este espacio para recordarle que quienes necesitan utilizar el derecho a protestar suelen ser, precisamente, los grupos oprimidos por los consensos mayoritarios.
Ahora, el ministro agregó a su historial una declaración que, más que ilógica, puede tener serias consecuencias.
La semana pasada, en su intervención ante el congreso de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, en Cartagena, dijo: “Los dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social. Cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana, detrás de eso siempre están mafias de verdad, mafias supranacionales de diferentes países que lavan el dinero con habilidad y vuelve al país por diferentes vías”.
Esa afirmación es irresponsable por varios motivos. Si bien es cierto que en varias ocasiones intereses ilegales se han infiltrado en manifestaciones para causar disturbios, eso no significa que la protesta tenga motivaciones mafiosas o que por eso pierda su legitimidad. Se puede, al mismo tiempo, rechazar las vías de hecho y entender que los ciudadanos están utilizando su derecho constitucional de expresar inconformidad y reclamar atención por parte del Gobierno.
La salida fácil para el Estado, que ahora Botero adopta con entusiasmo, es creer que tras cada protesta hay esos fines perversos. De esa manera, no es necesario ceder ante algún reclamo y todo se soluciona a la fuerza. Pero eso solo fomenta el descontento social.
Además, afirmaciones como la del ministro son leña para el fuego de la estigmatización. Los líderes sociales, que vienen siendo asesinados en un goteo tenebroso e imparable los últimos años, son perseguidos por apostarle a las vías democráticas en ambientes plagados de ilegalidad. Decir que las manifestaciones “siempre” están respaldadas por mafias es darle la espalda a la realidad nacional y dejar a esos colombianos a su suerte.
Lo dijo con precisión el exnegociador de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle: “Cuidado con las palabras. Las condenas en la cúspide se convierten en tragedia en la base”.
Es claro que la protesta social es una de las obsesiones del nuevo Ministerio de Defensa, apoyado además por el presidente Iván Duque. Pero convertir la situación en una guerra motivada por los prejuicios es un error que puede tener serias consecuencias. La historia le habla al ministro y debería escucharla.
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