La imprescriptibilidad es una buena (aunque insuficiente) opción

Aunque expandir el plazo de denuncia permitiría que no se excluya ningún caso del estudio de la justicia, la impunidad en los casos de violencia sexual no se debe, en su mayoría, a la prescripción de la acción penal, sino a otros factores. / Foto: EFE

Volvió al Congreso el debate sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas. Al mismo tiempo, se presentó un proyecto que busca hacer imprescriptible la acción penal en los casos de abuso sexual a menores. En términos de simbolismos y utilidad práctica, esa segunda propuesta es mucho mejor que el populismo que varios parlamentarios están adoptando con gusto con la primera.

Ya hemos discutido en numerosas ocasiones la cadena perpetua: una medida costosa, cruel y que en últimas no va a reducir el número de casos horribles que involucran a menores de edad. Aunque produce buenos réditos políticos, esperaríamos que los congresistas recuerden que fueron elegidos para tomar decisiones que le sirvan al país, no para vivir en una perpetua campaña populista. ¿No es mejor, para las víctimas, ver que el Estado toma las medidas necesarias para que sus casos no se sigan repitiendo ni que, además, sean condenados a la impunidad?

Más interesante que el debate sobre la cadena perpetua es uno que plantea el senador José Ritter López, del Partido de la U. El parlamentario presentó un proyecto de ley que pretende hacer imprescriptible la acción penal, lo que significa que las víctimas pueden denunciar en cualquier momento sin importar cuánto tiempo haya transcurrido.

Aunque los delitos de abuso sexual tienen una prescripción penal de 20 años, el congresista explica que esto significa que “se deja sin herramientas y peso judicial las denuncias interpuestas después de la fecha, lo que desemboca en un gran agravante de impunidad”. En otras palabras, expandir el tiempo de presentación permitiría que no se excluya ningún caso del estudio de la justicia.

Si el Congreso de la República desea enviar el mensaje al país de que está trabajando por resolver los delitos contra los menores de edad, este proyecto es una buena opción de tomar una medida con profundo simbolismo. Más aun porque, como dijo el senador, “solo el 5 % de los casos pasan la etapa de denuncias y menos del 1 % terminan en condenas”.

Dicho lo anterior, no puede olvidarse que se trataría de un proyecto con efectos simbólicos, principalmente, mas no tanto prácticos. Las cifras de impunidad en los delitos sexuales no se deben, en su mayoría, a la prescripción de la acción penal, sino a otros factores. La cercanía de los victimarios con las víctimas, la dificultad de obtener material probatorio y la falta de acción eficiente de las autoridades son los motivos que llevan a que las denuncias no prosperen o ni siquiera lleguen a formularse. Incluso, y esto debería servir de motivo de reflexión para los defensores de la cadena perpetua, la existencia de penas duras hace que las víctimas y sus familiares decidan no denunciar, especialmente cuando el victimario es un miembro de la familia. Esos son los dilemas que se enfrentan en una situación muy compleja.

Es bienvenido que los líderes políticos del país quieran ubicar en el centro del debate la protección de los menores de edad. La alianza multisectorial sellada hace unos días bajo el liderazgo del ICBF es un buen punto de partida. No deja de ser frustrante, sin embargo, que las soluciones planteadas en el debate público se alejen de la esencia del problema.

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2019-08-20T00:00:00-05:00

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2019-08-22T07:24:19-05:00

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