El régimen de Venezuela ha decidido inhabilitar políticamente por 15 años a María Corina Machado, la figura más radical de la oposición y, al mismo tiempo, la persona con mayores posibilidades de ganar en octubre la consulta interna de quienes luchan contra Nicolás Maduro. Esta es otra de las jugadas perversas de un autócrata que busca mantenerse en el poder a como dé lugar. Acude por momentos al mecanismo de aceptar un acercamiento con la contraparte y, al mismo tiempo, manipula el proceso a su antojo con el ventajismo que le da controlar todas las instancias de poder. Aunque Machado se muestra optimista, son muchos los obstáculos a vencer.
La medida adoptada por Maduro, a través de la Contraloría General de Venezuela, se escuda, como en otras situaciones, en hechos gaseosos y sin mayor sustento jurídico. Se arguye que la líder opositora realizó actos que “atentan contra la ética pública, la moral administrativa, el Estado de derecho, la paz y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela”, a lo que se le agrega además una supuesta vinculación con “la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Gerardo Guaidó Márquez”. Desde esta perspectiva, es obvio que la motivación y los objetivos que se persiguen son eminentemente políticos, sin real sustento jurídico, y el fin inmediato es dejar por fuera de juego a la candidata más opcionada de la oposición para derrotar a Maduro en las elecciones del año entrante.
La reacción internacional fue inmediata. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló la decisión como un atentado contra la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, pues considera que “vulnera derechos políticos y civiles elementales, incluidos los estipulados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos acerca del derecho a elegir y ser elegido”. Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, calificó la medida como “profundamente desafortunada”, al igual que la Unión Europea y un grupo de 30 expresidentes reunidos en torno a la iniciativa Idea Internacional, entre otros. Una mención especial merece la acertada posición del presidente Gustavo Petro —quien ha intentado mediar en la situación en Venezuela, acercando al Gobierno y la oposición—, al asegurar que “es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano”.
Maduro tiene que sentir que en el ámbito internacional hay un cierto grado de tolerancia con respecto a su régimen, pero no para que se perpetúe en el poder, sino para que permita la realización de elecciones libres y abiertas al acompañamiento internacional. La oposición ha aceptado las condiciones impuestas, a pesar de los trucos y obstáculos del Gobierno. Primero fue el retiro de todos los miembros oficialistas del Consejo Nacional Electoral (CNE), para golpear las primarias de la oposición y que se dilatara su realización el 22 de octubre, en las que se espera participen 14 candidatos. Estas se llevarán a cabo bajo un proceso de autogestión, tras lo que sucedió en el CNE.
María Corina Machado, que en el pasado se mostró reacia a participar en elecciones dado el ventajismo del régimen y el fraude, asume una posición pragmática ante los últimos movimientos del oficialismo. Considera que “el régimen sabe que está derrotado”, como lo demuestran las encuestas. Frente a su situación personal, cree que “aquí quien habilita es el pueblo de Venezuela”, motivo por el cual, si gana en octubre, liderará “un proyecto común que no va a buscar revanchas ni a pasar facturas”, con el acompañamiento interno e internacional más amplio posible.
Como están las cosas en Venezuela, es de esperar que haya mayores obstáculos y nueves medidas que impidan cualquier posibilidad de triunfo de la oposición en Venezuela. Maduro ya lo ha hecho y lo repetirá de nuevo.
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El régimen de Venezuela ha decidido inhabilitar políticamente por 15 años a María Corina Machado, la figura más radical de la oposición y, al mismo tiempo, la persona con mayores posibilidades de ganar en octubre la consulta interna de quienes luchan contra Nicolás Maduro. Esta es otra de las jugadas perversas de un autócrata que busca mantenerse en el poder a como dé lugar. Acude por momentos al mecanismo de aceptar un acercamiento con la contraparte y, al mismo tiempo, manipula el proceso a su antojo con el ventajismo que le da controlar todas las instancias de poder. Aunque Machado se muestra optimista, son muchos los obstáculos a vencer.
La medida adoptada por Maduro, a través de la Contraloría General de Venezuela, se escuda, como en otras situaciones, en hechos gaseosos y sin mayor sustento jurídico. Se arguye que la líder opositora realizó actos que “atentan contra la ética pública, la moral administrativa, el Estado de derecho, la paz y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela”, a lo que se le agrega además una supuesta vinculación con “la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Gerardo Guaidó Márquez”. Desde esta perspectiva, es obvio que la motivación y los objetivos que se persiguen son eminentemente políticos, sin real sustento jurídico, y el fin inmediato es dejar por fuera de juego a la candidata más opcionada de la oposición para derrotar a Maduro en las elecciones del año entrante.
La reacción internacional fue inmediata. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló la decisión como un atentado contra la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, pues considera que “vulnera derechos políticos y civiles elementales, incluidos los estipulados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos acerca del derecho a elegir y ser elegido”. Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, calificó la medida como “profundamente desafortunada”, al igual que la Unión Europea y un grupo de 30 expresidentes reunidos en torno a la iniciativa Idea Internacional, entre otros. Una mención especial merece la acertada posición del presidente Gustavo Petro —quien ha intentado mediar en la situación en Venezuela, acercando al Gobierno y la oposición—, al asegurar que “es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano”.
Maduro tiene que sentir que en el ámbito internacional hay un cierto grado de tolerancia con respecto a su régimen, pero no para que se perpetúe en el poder, sino para que permita la realización de elecciones libres y abiertas al acompañamiento internacional. La oposición ha aceptado las condiciones impuestas, a pesar de los trucos y obstáculos del Gobierno. Primero fue el retiro de todos los miembros oficialistas del Consejo Nacional Electoral (CNE), para golpear las primarias de la oposición y que se dilatara su realización el 22 de octubre, en las que se espera participen 14 candidatos. Estas se llevarán a cabo bajo un proceso de autogestión, tras lo que sucedió en el CNE.
María Corina Machado, que en el pasado se mostró reacia a participar en elecciones dado el ventajismo del régimen y el fraude, asume una posición pragmática ante los últimos movimientos del oficialismo. Considera que “el régimen sabe que está derrotado”, como lo demuestran las encuestas. Frente a su situación personal, cree que “aquí quien habilita es el pueblo de Venezuela”, motivo por el cual, si gana en octubre, liderará “un proyecto común que no va a buscar revanchas ni a pasar facturas”, con el acompañamiento interno e internacional más amplio posible.
Como están las cosas en Venezuela, es de esperar que haya mayores obstáculos y nueves medidas que impidan cualquier posibilidad de triunfo de la oposición en Venezuela. Maduro ya lo ha hecho y lo repetirá de nuevo.
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