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Están todavía en el aire las desafortunadas declaraciones del ministro de Defensa designado, Guillermo Botero, a propósito de la necesidad de regular la protesta social. Por su importancia, y porque el gobierno del presidente electo, Iván Duque, no debería empezar con pie izquierdo en el tema, es necesario seguir exigiendo explicaciones.
En un foro, el actual presidente de Fenalco dijo que “respetamos la protesta social, pero también creemos que ésta debe ser ordenada y que represente los intereses de todos los colombianos y no sólo de un pequeño grupo”. La reacción airada a esas declaraciones, proveniente de varios sectores de la ciudadanía, especialmente aquellos cercanos a los movimientos sociales que están amenazados por la ola de violencia posacuerdo de paz, es totalmente justificada.
Para empezar, ¿cómo se les puede pedir a las manifestaciones que representen los intereses de todos los colombianos y no los de un pequeño grupo? Para eso precisamente están: son la oportunidad de los marginados para hacerse escuchar y que todas las autoridades sean conscientes de sus reclamos. Las minorías, es lo natural, son las que más necesitan del derecho a la protesta como vía para defender sus derechos.
El desorden también es inherente a una protesta. Que incomode, dentro de ciertos límites, es lo natural. Como escribió en El Espectador Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, “hay un contrasentido: ¿manifestación y protesta ordenada? Estos derechos son esencialmente disruptivos, confrontacionales, permiten materializar la inconformidad o el desacuerdo especialmente con las autoridades”.
El contexto en el que se enmarca lo dicho por el futuro ministro Botero es que el Código de Policía contemplaba una regulación inconstitucional de la protesta social, y la Corte Constitucional le dio un plazo de dos años al Congreso para expedir una nueva reglamentación. Entonces, es uno de los primeros pendientes sobre la mesa de la administración Duque.
Sin embargo, las formas importan. Botero dijo que es necesario tener “muchos diálogos ciudadanos preventivos” con las comunidades que puedan resultar afectadas. Eso nadie lo niega, pero esa voluntad no puede estar precedida de una estigmatización como la que habla de “pequeños grupos” con intereses egoístas.
El gobierno Duque arranca con mayorías en el Congreso y un buen colchón popular, pero también con una oposición robustecida y todavía lastimada por una campaña polarizadora y excluyente. Es apenas previsible que vendrán protestas y una pugna por hacerse oír. Para ser el gobierno de la reconciliación hay que tender puentes y seguir en la protección del disenso. Los asesinatos de líderes sociales son el trasfondo que no se puede ignorar en esta discusión.
El nuevo ministro de Defensa tiene un reto histórico: enfrentar a un país sin las Farc, pero dividido y con fuertes brotes de violencia. Le haría mucho bien a Colombia si desde sus palabras le apuesta a la inclusión.
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