:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/aTj4XxqP33Gu2mQpgNpdHiYov20=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/OXL54L7NDRD5TBFXWUERG6ZCRQ.jpg)
El presidente Iván Duque no puede seguir argumentando que su gobierno es técnico si sacrifica los análisis expertos cuando ve la opción de obtener réditos políticos. Su lamentable giro reciente hacia el populismo punitivo no hace más que enardecer los ánimos nacionales. Por más maromas que él y su ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, quieran hacer sobre el tema, no pueden ignorar el amplio consenso jurídico que hay sobre lo inútil y cruel que es la cadena perpetua.
Esta semana que termina, una renuncia sacudió al Gobierno y su credibilidad como una administración técnica. Ricardo Posada Maya, quien se venía desempeñando como presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal del Gobierno, se apartó de su cargo. En una carta, el prestigioso académico en temas penales escribió que “los acontecimientos de las últimas semanas me han llevado a reflexionar profundamente sobre la independencia académica de la Comisión y sobre el papel que viene desempeñando el Ministerio de Justicia en su labor”.
Aunque la misiva no da muchos detalles, sí menciona que los “estudios (realizados por la Comisión) deben ser divulgados con prontitud y transparencia para el beneficio de toda la comunidad, con independencia de que sean o no acogidos por las autoridades públicas”.
Una investigación de El Tiempo contó que entre los expertos de la Comisión surgió una justificada indignación cuando el Gobierno decidió ignorar su análisis sobre la cadena perpetua. Para la Comisión, es evidente que implementar esa pena en el ordenamiento jurídico colombiano es una medida “cruel, innecesariamente violenta, inútil y desproporcionada”.
No se trata, por cierto, de un hallazgo novedoso. Desde que los cantos de sirena del populismo han intentado posicionar la cadena perpetua en el debate público, expertos muy reputados han demostrado con suficiente ilustración por qué se trata de un error que, además, va en contravía de las promesas hechas por la Constitución.
Por eso es muy extraño que el presidente Duque, en intervención reciente, haya dicho que “ya le llegó el momento a Colombia (...) para que evaluemos la conveniencia y la necesidad de tener la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en nuestro país”. El país ya ha hecho ese análisis en múltiples ocasiones y la conclusión siempre ha sido la misma: se trata de una medida popular entre los colombianos, pero inútil para los supuestos fines que se propone cumplir.
Por supuesto que los constantes casos de violaciones y asesinatos contra menores de edad en el país causan dolor e indignación. Pero no hay una solución mágica y la cadena perpetua solo apunta a la sed de venganza de los colombianos. Como política criminal no sirve de disuasión, es muy costosa y contradice la Constitución y todo el diseño del sistema penal. Es un canto a la bandera que, en últimas, es una ofensa contra las víctimas por no enfrentar el problema de raíz.
No sería el presidente Duque el primer líder político en crear comisiones cuyas recomendaciones son ignoradas. Sin embargo, sí es una lástima que se haga mediante este giro hacia el populismo.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Por favor, considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.