La situación en las cárceles sigue sin solución

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El Ministerio de Justicia se demoró demasiado en publicar el decreto de excarcelaciones. Ahora que se ha conocido el texto, hay un problema mucho mayor: es insuficiente para el reto y no augura nada bueno para las personas que están en los centros de reclusión. Parece que se impuso el prejuicio, promovido desde la Fiscalía, de que la criminalidad estaba en riesgo de aumentar si Colombia se atrevía a repensar la importancia de la cárcel en los procesos de rehabilitación. No solo eso: los guardianes van a sufrir, así como el sistema de salud, en una crisis que se puede salir de control.

El COVID-19 llegó a la cárcel de Villavicencio mientras el Ministerio de Justicia se ahogaba en debates inoficiosos. ¿Dónde estuvo la urgencia? Además de los reclusos que fallecieron, se reportaron 15 nuevas personas contagiadas. Atiende a la razón, y al desarrollo típico que conocemos del virus, que la situación empeorará. No era momento para dilaciones ni, mucho menos, para expedir un decreto al que le falta creatividad, está muy cerca de lo que ya dice el Código Penal y no atendió a las recomendaciones de tantos expertos.

El Gobierno no ha dado medidas eficaces para tratar de promover la distancia mínima entre presos. El decreto se queda corto en esa área. Incluso en las ambiciones confesadas por la ministra de Justicia, Margarita Cabello, hay una insuficiencia evidente. Como contó un análisis de El Espectador, la ministra mencionó que serían unas 4.000 personas excarceladas. Eso es un 3,3 % de la población carcelaria, cuando el hacinamiento carcelario en todo el país es de 49 %. Los cálculos no dan motivos de alivio.

Como explicó el abogado Jesús Albeiro Yepes, “el decreto reconoce el problema de salud que representa el coronavirus, habla de tomar medidas, diagnostica un cáncer, pero da respuesta a una fiebre circunstancial. Se admite el riesgo, pero el statu quo permanece. Es como una pena de muerte condicionada a que se dé la enfermedad”. Y debemos insistir: no solo están en riesgo los reclusos, sino los guardianes y sus familias. Es una cadena difícil de romper una vez se da el primer contagio, lo hemos visto en todo el mundo.

Como el decreto no habla de aumentar los jueces de ejecución de penas, que son los autorizados para tramitar las solicitudes de prisión domiciliaria, es probable que las solicitudes tarden más tiempo, cuando deberían estar priorizadas. De nada sirve que la medida haya identificado a la población más vulnerable si los defensores de los reclusos no tienen la posibilidad de tramitar las solicitudes de libertad.

Lo que subyace a todo este debate es que Colombia nunca ha sido capaz de enfrentar adecuadamente la crisis penitenciaria. El hacinamiento y el estado de cosas inconstitucional viene de antes, pero también los prejuicios y el populismo punitivo. Los discursos que ven la cárcel como la única solución, promovidos en el pasado por el propio presidente Iván Duque, han creado la idea de que quienes están en los centros de reclusión son ciudadanos de segunda categoría. “Algo habrán hecho...”, parece ser la reflexión de muchos colombianos, y por eso es tan difícil buscar alternativas de pena incluso en medio de una pandemia sin igual en la historia reciente. Aunque en otros campos el Gobierno ha demostrado visión y contundencia, se quedó muy corto ante la amenaza del COVID-19 en las cárceles. Las consecuencias pueden ser nefastas.

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