Las palabras importan, aunque los políticos digan lo contrario

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Decir que alguien es un “violador de niños” en un país donde cerca de 55 niñas son violadas cada día y donde cada tres días una menor de edad es asesinada es una frase diseñada para evocar en quien la escucha la peor reacción posible. Sobre eso no hay duda, por más maromas retóricas y lingüísticas que quieran hacerse para burlar la responsabilidad por lo dicho.

Decir que los migrantes y refugiados “infestan nuestro país” en un país que tiene profundos resentimientos raciales y problemas de xenofobia es invitar a la deshumanización del diferente. Allí yacen las raíces de un tipo muy particular de violencia.

Decir que un periodista que plantea una crítica es un “enemigo del pueblo”, o un aliado de los criminales, o un vendido, es querer desacreditar lo dicho sin estudiar su fondo; es apelar al odio y seguir atizando la desconfianza de los ciudadanos contra la prensa.

Esos tres casos, ocurridos en Colombia, Estados Unidos y en muchos otros países, dan cuenta de una tendencia que nos está llevando a la destrucción de las sociedades democráticas, que está sentando las bases para que el rencor sea la única moneda empleada en los debates políticos. Debemos hacer algo de inmediato para intervenir la crisis.

“El sujeto ideal de los regímenes totalitarios”, escribe Michiko Kakutani en El fin de la verdad, “no es el nazi convencido o el comunista convencido, sino las personas que consideran que la distinción entre los hechos y la ficción (por ejemplo, la realidad de la experiencia), y la distinción entre lo verdadero y lo falso (ejemplo, los estándares de pensamiento), no existe”.

En otras palabras, los ciudadanos y los políticos que creen que la “verdad” no existe y que las palabras significan lo que ellos quieran que signifiquen nos están destruyendo, nos están quitando la posibilidad de entablar diálogos y nos están convirtiendo en presas fáciles para la manipulación.

Lo dijo el papa Francisco: “No hay tal cosa como una desinformación inofensiva; confiar en una falsedad puede tener consecuencias atroces”. Para no caer en esa trampa, necesitamos reconocer que sí hay hechos verificables, que las palabras tienen conceptos delimitados y que éstos importan.

Quienes dijeron que un periodista era “violador de niños” hincharon el pecho con orgullo argumentando que por supuesto no se referían al acto sexual, sino a una vulneración distinta de los derechos de los niños. Ingenuos nosotros que entendimos mal, sugieren. Pero esa es la misma estrategia que invita al “todo vale”, a promover “hechos alternativos”, a utilizar la hipocresía como herramienta discursiva. Es útil a nivel político porque apela a los sesgos tribales que nos tienen divididos, pero afectan los cimientos de una sociedad que necesita encontrarse en sus diferencias. Si ya no tenemos un lenguaje común para entendernos, solo queda la confusión y, por supuesto, la ira irracional.

No hay culpables exclusivos. El debate político colombiano está plagado (nótese el uso con propósito de esa palabra particular, que bien podría reemplazarse por “infestado”) de adjetivos que no apuntan a las ideas, sino a destruir al otro y a cuestionar la “verdad”. Todo son interpretaciones, todo es un performance en busca de abucheos o aplausos. ¿Y Colombia, ese concepto complejo que necesita del aporte de todos sus ciudadanos para existir y poder materializarse? Perdida en esta crisis semántica.

Lo dijo Kakutani: “No podemos equiparar a la víctima con el agresor, nunca debemos crear falsas equivalencias morales o fácticas, porque entonces nos volvemos cómplices de los peores crímenes y las más nefastas consecuencias. Debemos dejar de banalizar la verdad”.

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