Las preguntas que persisten sobre la Comuna 13

¿Cómo se les responde a las víctimas si, en los pocos casos donde hay avances y resultados, se cometen actos de tal negligencia? / Foto: Luis Benavides - El Espectador

Que las víctimas en Colombia deben tener la palabra al momento de determinar dónde se concentran los esfuerzos de construcción de memoria lo siguió demostrando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la semana pasada. En una audiencia convocada, precisamente, por petición de un grupo de víctimas, los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP hicieron preguntas esenciales sobre lo ocurrido en la Comuna 13 de Medellín entre 2002 y 2003. Los hallazgos son angustiantes y evidencian un Estado que no ha sido cuidadoso al momento de responder por los hechos terribles ocurridos en nuestro territorio. No podemos pasar la página si todavía no hemos terminado de entender la magnitud de las tragedias que pesan sobre los hombros de nuestras víctimas.

Entre 2002 y 2003, la Comuna 13 fue el centro de una lucha despiadada entre distintos actores por el control del territorio. Las operaciones paramilitares, militares y de delincuencia causaron numerosas desapariciones forzadas en medio de torturas y serias violaciones a los derechos fundamentales de los habitantes de la zona. Para completar el panorama tétrico, posteriormente hubo una serie de discursos oficiales que pretendieron minimizar lo ocurrido. Hasta la actualidad, son más los interrogantes que las respuestas sobre lo que aconteció, y son muchas las familias que siguen clamando justicia por sus desaparecidos.

Por eso, la JEP decidió llevar una audiencia, la primera motivada por las víctimas, en el Palacio de la Justicia de Medellín. Fue una oportunidad para recordar que en los procesos de justicia y memoria relacionados con la Comuna 13 abundan los obstáculos. Como contó Colombia 2020, de El Espectador, varias instituciones estatales tuvieron que dar cuenta de los tropiezos que se han cometido en el camino.

Por ejemplo, se supo que la Fiscalía no sabe dónde están tres de los cinco cuerpos exhumados cerca a la Comuna 13. Es particularmente grave porque se trata de víctimas que, después de 17 años, no han podido ser identificadas. También se informó que se perdieron las muestras de tejidos que se les habían realizado. ¿Cómo es posible que algo así ocurra? ¿Cómo se les responde a las víctimas si, en los pocos casos donde hay avances y resultados, se cometen actos de tal negligencia? ¿Es esto muestra, acaso, de desdén institucional?

No es la única situación problemática que se discutió. La Gobernación de Antioquia confirmó la ampliación por diez años más de un contrato que permite extraer arena en áreas donde se cree pueden estar enterrados cuerpos de las víctimas. En el mismo sentido, se denunció la construcción de edificios de interés social también en zonas donde puede haber otros cuerpos. Nos unimos a las preguntas que hicieron los magistrados en la audiencia: ¿por qué no se han creado procesos de verificación de estas denuncias y de estudio de la zona antes de proceder a dichas construcciones?

Finalmente se discutió un informe que se hizo desde el 2010 y no ha podido ser publicado. En él, la Universidad de Antioquia da cuenta de entierros clandestinos, casas de tortura y otras atrocidades cometidas. Información esencial para cualquier proceso de construcción de memoria.

Más allá de la importante labor de la JEP y de haber podido ver la resiliencia de las agrupaciones de víctimas, después de la audiencia es inevitable sentir amargura. Ante hechos tan terribles, el Estado colombiano no ha hecho lo suficiente por entender qué pasó y darle respuestas al país entero. Mientras las preguntas persistan, es muy difícil hablar de reconciliación.

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