El caso es escalofriante. Una menor de 9 años de edad fue asesinada y su cadáver fue incendiado. El presunto agresor es Adolfo Enrique Arrieta García, quien en audiencia de legalización de captura no aceptó el cargo de feminicidio agravado. Sin embargo, hay varias pruebas que apuntan a su responsabilidad.
Por un lado, la Fiscalía dice que Arrieta fue encontrado en flagrancia cuando estaba quemando el cadáver de la menor.
Por otro, su abogado, César Cardona, dijo: “Según lo que recuerda dice que se trató de un impulso, pues estaba durmiendo, pero el escándalo de niños en la parte externa de la casa lo despertó (...). Al parecer, llevado por la molestia del momento, hizo pasar a la niña al interior de su residencia y en un ataque de ira la tomó por el cuello y la asfixió, luego prendió una fogata y la lanzó allí”. Cardona también habla de que Arrieta no recuerda lo ocurrido.
Más allá de los detalles del acto particular, y de la importancia de que la justicia haga lo propio, este tipo de hechos siempre llevan a plantear preguntas sobre por qué ocurre y cómo puede evitarse.
Volverán al debate público las voces que piden cadena perpetua para los “monstruos” que atentan contra los menores colombianos. Pero esa posición, aparte de tener múltiples falencias, tiene un problema central: llega muy tarde, cuando ya ha ocurrido lo peor.
Algo interesante en el historial de Arrieta es que, además de tener una condena por lesiones personales, también hay el testimonio de una mujer que contó cómo la agredió cuando eran esposos.
Según Vicente Guzmán, fiscal del caso, “hay otro antecedente que no tiene registro criminal, porque la víctima no lo denunció y es con su anterior compañera sentimental, quien contó a los investigadores que ella tuvo una relación marital con él, pero que la dio por terminada porque hubo un episodio de violencia en la que este señor accionó tres veces un arma de fuego contra ella con la intención de asesinarla”.
Ese es el daño que hace una sociedad que aplasta a las mujeres cuando no denuncian públicamente a sus agresores.
No se trata, en ningún momento, de juzgar a la expareja de Arrieta, porque su situación es perfectamente entendible: estaba lidiando, sola, con una persona agresiva y con poder de hacerle mucho daño. Por eso prefirió el silencio. Por eso es necesario insistir en que la violencia intrafamiliar es un asunto público; no, como se pretende en tantos casos, un tema protegido por la privacidad de los hogares.
La violencia precede a la violencia. ¿Cuántos casos de agresiones podrían evitarse si hubiese un mecanismo eficiente contra la violencia intrafamiliar; si, además, las víctimas al denunciar se sintieran protegidas por la sociedad y la justicia?
Esa es la discusión que deberíamos estar dando en Colombia.
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