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Las autoridades no están respondiendo como es debido a las denuncias sobre el incendio en el CAI de San Mateo, en Soacha. Tanto los líderes políticos locales como el Ministerio de Defensa han adoptado una estrategia de argumentar que se está intentando desprestigiar a la Policía y que lo que ocurre es un interés por pescar en río revuelto. Sin embargo, los testimonios de las familias, sumados a los videos que se han dado a conocer en redes sociales, hablan de un horror que exige mucha más mesura y reflexión por parte de los voceros oficiales de la institucionalidad. Incluso si es cierto que los policías hicieron todo lo posible por evitar la tragedia, preguntar por lo que ocurrió es un reclamo válido, así incomode. Ante la indignación nacional, la respuesta no puede ser la agresividad buscando cerrar todas las conversaciones.
La tragedia ocurrió el 4 de septiembre, pero obtuvo reconocimiento nacional esta semana gracias a las denuncias de Diego Cancino, concejal de Bogotá por el Partido Verde. En los videos difundidos se ve cómo el CAI se incendia, algunos padres de familia intentan ayudar, pero en últimas es inevitable el desenlace fatal. Fueron nueve reclusos que murieron y otros once resultaron heridos. Se trataba de personas que estaban bajo el cuidado de la Policía Nacional, por lo que es fundamental entender si los uniformados hicieron lo necesario para ayudarlos. No sobra recordar que quienes están detenidos no pierden su derecho a la dignidad humana y que el Estado tiene una responsabilidad con ellos.
La madre de una de las víctimas contó cómo “comenzamos a romper vidrios, quitamos las rejas, hubo familiares que entraron con extintores y apagaron el fuego, pero ya era demasiado tarde, porque los muchachos se quemaron”. Otro familiar dijo que los reclusos vivían hacinados, eran víctimas de violencia y, el día del incendio, “había un extintor y ninguno fue capaz de cogerlo, había una manguera que ni agua tenía y se la raparon a la mamá de uno de los muchachos. Nos echaron gas pimienta a los familiares que tratamos de romper las ventanas”.
Esta versión ha sido desmentida con vehemencia por la Policía, que dijo que se hizo todo lo posible por ayudarlos y prestarles primeros auxilios. Además hizo hincapié en que el incendio fue causado por los mismos reclusos, pero ese es un hecho que no borra la tragedia ni la necesidad de protegerlos. También es extraño que la defensa dada por el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, haya sido que “no murieron por el incendio, sino por la inhalación de humo. Lo que yo veo acá es un ejercicio de populismo”. ¿El humo no fue, pues, causado por el incendio? ¿Por qué esa distinción es relevante, si el resultado final es el mismo? ¿No es esta una forma de desviar la atención sobre el horror denunciado?
Lo propio hizo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. En un video, el funcionario dijo que rechaza “con vehemencia la campaña de deslegitimación y desprestigio que sectores que hacen politiquería con la muerte vienen realizando contra nuestra Policía”. Se trata de una postura que no reconoce el dolor de las víctimas, que intenta resumirlo todo en una falsa oposición a la Policía, cuando lo que está ocurriendo es que hay muchas preguntas por responder. Pedir transparencia no es desprestigiar ni quitarles la legitimidad a las autoridades. Al contrario. Es exigir un nivel de comportamiento digno de su cargo.
Ya la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron investigaciones. Esperamos respuestas prontas para comprender qué fue lo que ocurrió. Es lo que les debemos a las víctimas.
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