Pese a la visible catástrofe que esta conducta supone, y a pesar de las múltiples campañas que se hacen alrededor del tema, junto con el despliegue mediático y las imágenes devastadoras de las víctimas y sus familiares con toda razón reclamando justicia, las personas insisten en consumir alcohol y luego salir a manejar. Las cifras de este año son verdaderamente alarmantes: apenas en Bogotá han ocurrido 544 accidentes de tránsito por cuenta de esta conducta, dejando un saldo de 45 muertos y 561 heridos. Rodolfo Palomino, comandante de la Policía de Carreteras, informó que el último fin de semana 1.535 personas dieron “positivo” en la prueba de alcoholemia en todo el país.
¿Qué lleva a las personas a pasarse por la faja tan cándidamente una norma que a todas luces es justa? Muy probablemente se deba a una condición cultural en la que se tiene la inocente creencia de que todo está bajo control. El problema consiste en que, pese a que la realidad niegue esta convención generalizada, el individuo no corrige su conducta.
Muchas cosas se han intentado para frenar este comportamiento: se ha pensado en una ley que penalice a los conductores que se encuentren en estado de embriaguez, imponiéndoles una medida privativa de la libertad. Y a las personas —sobre todo a las directamente afectadas— les suena muy bien. Todo lo que en este país suene a castigo drástico por una conducta indebida es celebrado. Una muestra, otra vez, de que el llamado “populismo punitivo” (la tendencia a creer que las penas que imponen cárcel son la única medida para solucionar problemas sociales) tiene todavía mucha acogida.
No quiere esto decir que los conductores ebrios no sean irresponsables ni deban ser castigados (en una medida proporcional a su conducta). Tampoco que los accidentes, heridos y muertos que han dejado algunos con esta reprochable forma de actuar sean asuntos menores. La ley, sin embargo, no puede empezar a subir tasas punitivas cuando no se entiende el problema social que existe en el fondo. Los conductores ebrios no son de ninguna forma seres incorregibles que deban permanecer un tiempo muy prolongado en la cárcel para aprender la lección.
Se necesitan otras acciones. Más invasivas del espacio personal del bebedor, pero menos lesivas de su libertad. Controles a las salidas de los bares, más retenes en las calles los días en que aumenta el consumo de licor, miembros de la Policía más estrictos a la hora de poner un comparendo y llevarse el automóvil, campañas que promuevan, por ejemplo, una masificación del uso del llamado “ángel de la ruta” (aquella persona que se encarga de manejar el vehículo y llevar a su propietario hasta la casa), haciéndola a su vez más accesible para una parte de la población, entre muchas otras.
Afinar el diagnóstico sobre por qué la gente conduce ebria es mucho más útil y sirve más a largo plazo para evitar este tipo de conductas, que una pena privativa. Porque si bien los conductores ebrios tendrán una medida simbólica que los frenará los primeros días en su intención de manejar, es muy probable que esto no disuada, en un tiempo más largo, a que retomen su conducta. Mucho más cuando se tiene un aparato de justicia estancado por los miles de procesos penales que llegan a diario. Bajo una mirada técnica, no vale tanto la pena.
Un control más estricto en las calles y una concientización plena a la ciudadanía en general serán los que podrán sacarnos de esta situación agobiante.