Los discursos y las normas

El viernes pasado el presidente Juan Manuel Santos habló por fin en términos francos (inequívocos, al menos) sobre su intención real de reelegirse en el poder.

 Predecible, por supuesto, todos lo sabíamos: ese es el destino que un presidente de turno puede elegir cuando tiene a la mano la carta de la reelección y el poderío estatal a su disposición para conseguirla. No nos sorprende.

Lo que sí sorprende es el discurso que dio el viernes en la clausura del Congreso Nacional de Municipios que tuvo lugar en Cartagena: “estaría dispuesto a que si yo me llego a presentar a la reelección, que el nuevo período sea sólo de dos años y a partir de ese momento de seis, sin reelección”. Gran reforma la que plantea el presidente. La dice como una receta de cocina, como si fuera muy fácil conseguirla. Y suena bien: no solamente por lo que dos años aportarían en términos de gobernabilidad y continuidad, sino porque acabaría con la espantosa figura, abierta a hachazos limpios a nuestra Constitución, de la reelección. Una institución que repudiamos, por decir lo menos.

Sin embargo, y a pesar de que suene muy bien, hay implicaciones. Las de conveniencia, las constitucionales, esas dos que el mismo presidente atinó a pronunciar en su discurso. Primero porque los dos años que pide como adicionales (renunciando a cuatro completos) son la obvia necesidad de continuar dirigiendo él mismo el proceso de paz que adelanta en La Habana con la guerrilla de las Farc. Santos dice (o parece decir, sin saberlo) que él es el único que puede continuar por esta senda.

Y no. El proceso de paz tiene que aguantar un cambio de gobierno. ¿No es esa la idea de una realidad a la que quieren blindar de legitimidad? ¿Qué tal que los votantes salgan, en masa, a apoyar el proceso de paz eligiendo de nuevo al presidente Santos? ¿Qué tal que no? ¿No sería esta una excelente prueba para lo que está sucediendo allá, tan lejos de Colombia? ¿No sería materialmente mucho más grande que, digamos, una marcha ciudadana? No pueden nuestros gobernantes seguir poniéndonos entre la espada y la pared para que los reelijamos. Necesitamos más argumentos, más razones de fondo. Ayer era una hecatombe (que no ha llegado, por cierto), mañana, qué será, ¿las negociaciones?, ¿la paz, a secas? Ese no es el camino de un país serio. Las instituciones públicas, las electorales en este caso, no pueden ir al vaivén de los problemas del país. Al revés es mejor.

Por el otro lado están las “implicaciones constitucionales”. Y es tan sencillo como esto: no se puede. No sería muy constitucional cambiar las reglas del juego mientras todo está ocurriendo. Una reforma a futuro, tal vez sí (suena bien, lo repetimos), pero no mientras Santos siga en el poder. Ya la Corte Constitucional frenó una vez el intento de alcaldes y gobernadores de extender su período y correr las elecciones por unos años. Y, aunque no es exactamente lo mismo, las razones de fondo sí son parecidas: el juego está diseñado bajo unas reglas, es simple.

De ahí la distancia que debería haber entre los discursos y las normas. Fáciles los unos y difíciles las otras. En este país no es así. Santos debería entenderlo y dejar que las instituciones, al menos por ahora, se fortalezcan un poco.

 

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