La Ley Estatutaria de Salud aprobada el año pasado estableció que los afiliados al sistema tendrán derecho a todos los servicios requeridos, con excepción de aquellos que explícitamente sean excluidos y que por ende no serán financiados con recursos públicos. Se definieron como criterios de exclusión que no haya evidencia sobre la efectividad del medicamento o procedimiento, que sea experimental, que se preste en el exterior, que sea de carácter cosmético o estético, o que no esté aprobado por la entidad regulatoria.
Si alguno de estos criterios aplica para un medicamentos o servicio, el Ministerio de Salud planteó un riguroso proceso de cuatro etapas para confirmar o descartar su exclusión que empezó en febrero de este año.
La primera es la de las postulaciones, que de ahora en adelante se hará dos veces al año y en la que cualquier persona natural o jurídica, previamente inscrita en una página web, puede participar. Luego, el Grupo de Análisis Técnico-Científico emite su recomendación sobre la conveniencia de excluir un medicamento. El tercer paso es la “fase de consulta a pacientes potencialmente afectados y ciudadanía”, donde las veedurías ciudadanas en salud y la Defensoría del Pueblo pueden intervenir en el proceso para garantizar la transparencia. Por último, tanto el concepto como la recomendación se remiten al Ministerio de Salud, el cual divulgó los primeros resultados la semana pasada.
Entre otros, se dejarían de cubrir con recursos públicos asignados a la salud productos de aseo como toallas higiénicas, papel sanitario, pañitos húmedos y gel antibacterial; suplementos vitamínicos; procedimientos con fines estéticos como liposucciones, rinoplastias o mamoplastias; terapias con animales; programas lúdicos y recreativos, y servicios como circuitos cerrados de televisión y hogares geriátricos.
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, explicó en Caracol Radio que “lo que hace la resolución es desarrollar un artículo de la Ley Estatutaria que había fijado unos límites razonables para el sistema de salud”. Sin embargo, también aclaró que las decisiones de exclusión se tomaron siguiendo criterios exclusivamente técnicos y no económicos, justamente para proteger a los pacientes, y que si un medicamento es excluido porque su efectividad está puesta en duda, no debería ser recetado bajo ningún motivo en primer lugar. También resaltó que no se contempló ninguna exclusión que no contara con la aprobación de al menos el 50% de los pacientes consultados.
A pesar del amplio consenso alcanzado, el presidente de la Asociación Nacional de Pacientes con enfermedades de alto costo, Néstor Álvarez, manifestó que “nos siguen vendiendo que la salud depende de una capacidad de pago”. Las preocupaciones que expresa Álvarez son legítimas, pero no podemos ignorar que los recursos del Estado son limitados, y por ende también es limitado lo que puede subsidiar, en la medida en que esto no afecte el derecho a la salud de los ciudadanos. Más aún, es razonable que tratamientos de los que no hay certeza sobre la seguridad y eficacia clínica o que no estén directamente relacionados con el estado de salud de los pacientes no sean asumidos por el sistema. En medio de tantos problemas que aquejan a nuestro maltrecho sistema de salud, medidas como estas son necesarias y pueden contribuir a hacerlo más sostenible por un uso más racional de los recursos, algo que nos benefica a todos.
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