Los nudos de Isagén

La decisión está tomada y es legal. Perfecto. Pero el Gobierno debe entender que el país necesita mucha más claridad sobre los beneficios de esta venta.

Aunque la decisión del Gobierno, pese a todos los argumentos en contra, ya está tomada, el Ejecutivo no puede desconocer que falta más claridad sobre la utilidad de vender la empresa y los proyectos que se van a financiar.

La venta de Isagén ha tomado su rumbo inevitable. A pesar del clima desfavorable de opinión, resulta bastante improbable que el Gobierno cambie su decisión a último momento, a juzgar por las declaraciones del presidente, Juan Manuel Santos, su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y su ministra de Transporte, Natalia Abello. Frente a muchos intentos de frenar por la vía legal la enajenación de la empresa, el proceso surtió todos los requisitos legales y está dentro de las potestades del Ejecutivo llevarla a cabo. Sin embargo, ante el debate, que sigue al rojo vivo, vale aclarar ciertas preocupaciones injustificadas y dejar planteados otros temores que el Gobierno no debería soslayar.

Empecemos por despejar algunas dudas infundadas. El Gobierno ha aclarado una y otra vez que, contrario a lo que ciertos opositores dicen, el dinero de la venta no se usará para tapar huecos fiscales. Cierto. Lo recaudado entrará a la Financiera de Desarrollo Nacional (FND), que tiene un fin de inversión específico. Tampoco es verdad que el precio de venta no se haya ajustado ante la valoración de Isagén por la entrada en operación de Hidrosogamoso o la diferencia cambiaria: después del ajuste hecho por el consejo de ministros, el valor de la participación de la Nación se elevó a $6,48 billones.

Lo que no resulta igual de claro es, primero, si esta es una buena inversión y, segundo, si es conveniente.

La posición de la administración en ambos asuntos se resume en una declaración del presidente: “Isagén es un activo que produce una rentabilidad... muy baja comparada con lo que puede producir ese mismo dinero, por ejemplo, apalancando la financiación de las grandes obras que necesita el país”.

¿Nada tiene Isagén de estratégico? Dudas tenemos. Venderla es entregar una empresa sólida, rentable y con mucho potencial de mejoría, además de privatizar 23.000 hectáreas de bosques, espejos de agua y amplia biodiversidad. En plena crisis energética, y con las predicciones sobre el cambio climático y la necesaria evolución hacia energías más limpias, es ingenuo restarle importancia a que el Estado tenga control sobre la segunda empresa generadora de energía del país.

En cuanto al gran negocio, también caben preguntas. Porque en sentido estricto Isagén no se vende para invertir en las 4G, sino para capitalizar la FND y que, se espera, financie esos proyectos privados de construcción. En últimas, el dinero llegará a las carreteras, pero no estamos convirtiendo un activo de generación de energía en vías e infraestructura, como se nos dice, sino en un banco de desarrollo. ¿Ya superamos la desconfianza que generaba el Estado como banquero?

Y en esa misma línea tampoco es claro por qué las iniciativas privadas necesitan de la FND. Aun si es cierto que el país va a recibir más utilidades prestando lo obtenido de la venta, la proyección financiera de los proyectos 4G es incierta. Lo escribió Alessia Abello Galvis en El Espectador hace unos días: “será interesante ver la reacción de los mercados internacionales a la estructura contractual propuesta por la ANI para, de una vez por todas, establecer si es una estructura financiable en cualquier mercado o si, por el contrario, requiere algunos ajustes”. ¿Puede la venta de Isagén terminar en una financiación a los concesionarios más flexible que la que estaría dispuesto a otorgar el sistema financiero?

La decisión está tomada y es legal. Perfecto. Pero el Gobierno debe entender que el país necesita mucha más claridad sobre los beneficios de esta venta. Esperamos, por el bien de Colombia, que esta no sea una decisión de la que tengamos que arrepentirnos cuando ya nada haya por hacer.

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