Los pensionados y la salud

Lamentablemente, la situación del país no permite una disminución en los aportes de los pensionados al sistema de salud. / Foto: Archivo El Espectador

Se ha venido dando una difícil y tensa discusión en el país sobre una promesa de campaña del presidente Juan Manuel Santos: la reducción del aporte obligatorio que los pensionados deben realizar para financiar el sistema de salud. Aunque en un mundo ideal apoyamos sin restricciones la idea de que los pensionados del país puedan contar con el máximo posible de sus beneficios, la realidad económica invita a no permitir que lo propuesto se convierta en ley.

El proyecto de ley que cursa en el Congreso propone reducir del 12 al 4 % los aportes a salud de más de un millón de pensionados. El miércoles pasado, la plenaria del Senado lo aprobó de manera unánime, pero ahora el Gobierno está enviando señales que piden que se archive. Aunque sea una posición difícil, estamos de acuerdo con el Ejecutivo.

Según cifras otorgadas por Andrés Escobar, viceministro de Hacienda, el proyecto tendría un impacto fiscal de $2,3 billones, lo que en esta Colombia de vacas flacas generaría un gasto que no estamos en capacidad de adoptar. Ya, en las discusiones de la reforma tributaria, esta idea había sido archivada, lo que fue entendiblemente recibido de manera negativa por los grupos de pensionados y varios líderes políticos.

Todo parece indicar que el Gobierno, debido a que se opuso al proyecto por escrito a lo largo de su trámite, invocará la inconstitucionalidad de una medida presupuestal que fue tomada sin su aprobación. Más allá del debate jurídico al respecto, y de la manera en que se está haciendo, nos parece que las razones están más que justificadas.

Según le dijo a El Tiempo Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), aprobar una medida de este tipo le representaría al sector salud un detrimento de un billón de pesos anuales, lo que apretaría aún más un sistema en crisis y carente de recursos.

La pregunta, entonces, es si por beneficiar a poco más de un millón de pensionados vamos a permitir que se agraven aún más las finanzas del sistema de salud del que dependen todos los colombianos, incluyendo, claro está, los mismos pensionados.

De nuevo, es problemático tener que plantear esa alternativa. La respuesta perfecta sería una donde los pensionados no tengan que pagar una tasa tan alta y el Gobierno tenga otras fuentes de financiación de un sistema de salud digno para todos los colombianos. Pero la realidad es otra.

No puede argumentarse, además, que el Gobierno no ha hecho lo suficiente en este tema. La reforma al sistema de salud y las constantes intervenciones del Ministerio de Salud en los años recientes, aunque todavía tienen mucho trecho por delante, van en el camino adecuado. Y no son muy útiles los argumentos de personas como Alexánder López, del Polo Democrático, que dice que el dinero podría recuperarse atajando la corrupción. Por supuesto que luchar contra ese desangre debe ser una prioridad del Estado, pero es ilusorio creer que los resultados van a suplir en un futuro cercano el hueco que se crearía.

Lo más problemático de este asunto es que el presidente Santos está incumpliendo una promesa de campaña. Sin duda deberá correr con la responsabilidad política. Pero es adecuado que su Gobierno no ceda, aunque la medida sea tan impopular.

 

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected].

 

últimas noticias

Dejad que los niños vengan a mí

El caso de Jaime Garzón no está cerrado

El glifosato vuelve y juega

El conflicto sigue