Los problemas de Arias

La Fiscalía General de la Nación ya radicó en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación en contra del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Se le acusa de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin los requisitos legales, que presuntamente efectuó a través de la polémica política de Agro Ingreso Seguro (AIS).

Arias era un político muy joven cuyo arduo trabajo, inteligencia y capacidad de liderazgo lo llevaron a la cabeza de un importante ministerio en un tiempo relativamente corto. Hoy, unos cuantos años después, su carrera política ha sido puesta en entredicho: ya la Procuraduría lo condenó a 16 años de inhabilidad para ejercer el oficio, por cuenta, otra vez, del escándalo protagonizado por el programa estelar de su gestión. Ahora le espera el juicio penal.

Su camino futuro se oscurece un tanto más cuando, habiéndose acogido al principio de oportunidad, Camila Reyes del Toro —asesora de Arias en su momento— testimonia que el exministro sí tuvo incidencia directa y manejo presupuestal en el origen del programa AIS. De acuerdo con su declaración, era el propio Arias quien, sin ser parte del comité administrativo, mandaba todo el asunto de presupuesto dentro del convenio firmado con el Instituto Interamericano para la Cooperación Agropecuaria (IICA), adjudicando los subsidios, a su vez, sin estudios técnicos previos. Dicho esto en cristiano: era Arias quien, a juicio de la testigo clave, mandaba la parada en las decisiones.

Con esto se desvanece la defensa del exministro, quien siempre se ha escudado en que sus subalternos y el IICA eran quienes manejaban la aplicación del programa. Ciertamente, como han salido a decir sus defensores, la declaración de Reyes del Toro no lo acusa de haber coordinado la partición ilegal con los dueños de los terrenos —el delito mayor—, pero sí lo deja muy comprometido en partes esenciales de la acusación que le formuló la Fiscalía, como el uso del programa para obtener financiación en su carrera política o el intento de alinear a sus subalternos con la versión de la defensa para evitar la acción de la justicia. Pero, claro, será la Corte la que sepa evaluar pruebas.

El hecho es que desde que la luego extinguida revista Cambio hizo las primeras revelaciones, hubo una constante denuncia de irregularidades del programa AIS, así como indignación en razón a quienes de él se aprovecharon. Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, en un acalorado debate en el Congreso acuñó una frase muy pegajosa en los medios por esos días: que el Ministerio de Agricultura funcionaba “como un Robin Hood, pero al revés: le roba a los pobres para darle a los ricos”. Si bien es cierto que del programa se beneficiaron campesinos de toda condición, también lo es que grandes terratenientes del Magdalena y el Valle, familias prestantes e incluso narcotraficantes, entre otros, recibieron subsidios de hasta 2.000 millones de pesos.

De ahí en adelante la imagen de Arias empezó a decaer. Así sucedió con su frustrada aspiración a la presidencia y luego como acompañante de Santos en el triunfo: el presidente le ofreció una embajada que rechazó por los líos judiciales que veía venir. Luego vino el fallo de la Procuraduría y falta esperar ahora la sentencia penal de la Corte Suprema, que debe ser proyectada dentro de tres meses.

La justicia deberá acoplarse a las pruebas que tiene y ser cuidadosa a la hora de evaluarlas. Pero fuere cual fuere la decisión, los problemas de Andrés Felipe Arias sí son ilustrativos de los peligros que tiene el manejo del poder y la idea que enceguece a algunos cuando llegan a altas posiciones de que el Estado y su manejo son un asunto que se resuelve de manera personal. Que el ejemplo sirva.

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