Los retos de regular la tecnología

Tarde y a regañadientes, pero las autoridades colombianas por fin parecen estar dando pasos en la dirección correcta para enfrentarse a los desarrollos tecnológicos que modifican sectores clave de nuestra economía. El proyecto anunciado para reglamentar el alojamiento turístico individual, facilitado por aplicaciones como Airbnb, promete formalizar una práctica cada vez más común. ¿Para cuándo medidas similares en otros sectores?

Esta semana, como contó El Espectador, la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, anunció que se está elaborando un proyecto para reglamentar “el alojamiento turístico: aquellas personas que alquilan un cuarto dentro de su vivienda pueden registrarse y ser formales en esta prestación de servicios, en el Registro Nacional de Turismo (RNT), sin que eso implique que tengan que sacar un registro mercantil, es decir, que no sean una empresa”.

Esta es una noticia monumental. Plataformas como Airbnb y Booking permiten que cualquier persona arriende cuartos de manera sencilla, segura y eficiente. El resultado es que ya hace varios años, en el país y en todo el mundo, se viene transformando la cultura turística. Sin embargo, como suele ocurrir con estos desarrollos tecnológicos, las leyes se han quedado atrasadas.

El anuncio de la reglamentación de Airbnb es de celebrar, especialmente cuando el Gobierno y el Congreso han demostrado su incapacidad para —y, muchas veces, desinterés en— expedir una normativa útil para Uber y plataformas similares.

Como dijo la ministra, las personas que deseen formalizarse deberán sacar el registro de turismo, un trámite sencillo, en las cámaras de comercio. Con ese registro se debe, además, pagar un impuesto de carácter departamental (que puede costar entre los $37.780 y los $75.650).

La ventaja de formalizarse es que las personas pueden acceder a líneas de crédito especializadas en turismo y exoneraciones de impuesto a las rentas por servicios de ecoturismo. El beneficio para el Estado y para quienes sean clientes de los servicios ofrecidos es que deberá aportarse la contribución parafiscal correspondiente al turismo, se cumplirán las normas de conservación medioambiental y habrá medidas para luchar contra la publicidad engañosa.

Hace unos días, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció que Netflix y Airbnb pagarán IVA a partir de julio de este año. Esta medida, como la reglamentación que venimos discutiendo, debió tomarse hace tiempo. Lo que no puede pretenderse es que estos servicios paguen impuestos y no cuenten con las protecciones adecuadas desde la ley.

Otro reto en el horizonte es bitcoin, la moneda electrónica que se ha venido negociando en el país sin regulación y con hostilidad por parte de las autoridades. Ante la evolución, la reacción no puede ser la desconfianza y la obstaculización. Con reglas claras ganan los colombianos, gana el país y se fomenta nuestra economía. ¿Qué esperamos?

Tarde y a regañadientes, pero las autoridades colombianas por fin parecen estar dando pasos en la dirección correcta para enfrentarse a los desarrollos tecnológicos que modifican sectores clave de nuestra economía. El proyecto anunciado para reglamentar el alojamiento turístico individual, facilitado por aplicaciones como Airbnb, promete formalizar una práctica cada vez más común. ¿Para cuándo medidas similares en otros sectores?

Esta semana, como contó El Espectador, la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, anunció que se está elaborando un proyecto para reglamentar “el alojamiento turístico: aquellas personas que alquilan un cuarto dentro de su vivienda pueden registrarse y ser formales en esta prestación de servicios, en el Registro Nacional de Turismo (RNT), sin que eso implique que tengan que sacar un registro mercantil, es decir, que no sean una empresa”.

Esta es una noticia monumental. Plataformas como Airbnb y Booking permiten que cualquier persona arriende cuartos de manera sencilla, segura y eficiente. El resultado es que ya hace varios años, en el país y en todo el mundo, se viene transformando la cultura turística. Sin embargo, como suele ocurrir con estos desarrollos tecnológicos, las leyes se han quedado atrasadas.

El anuncio de la reglamentación de Airbnb es de celebrar, especialmente cuando el Gobierno y el Congreso han demostrado su incapacidad para —y, muchas veces, desinterés en— expedir una normativa útil para Uber y plataformas similares.

Como dijo la ministra, las personas que deseen formalizarse deberán sacar el registro de turismo, un trámite sencillo, en las cámaras de comercio. Con ese registro se debe, además, pagar un impuesto de carácter departamental (que puede costar entre los $37.780 y los $75.650).

La ventaja de formalizarse es que las personas pueden acceder a líneas de crédito especializadas en turismo y exoneraciones de impuesto a las rentas por servicios de ecoturismo. El beneficio para el Estado y para quienes sean clientes de los servicios ofrecidos es que deberá aportarse la contribución parafiscal correspondiente al turismo, se cumplirán las normas de conservación medioambiental y habrá medidas para luchar contra la publicidad engañosa.

Hace unos días, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció que Netflix y Airbnb pagarán IVA a partir de julio de este año. Esta medida, como la reglamentación que venimos discutiendo, debió tomarse hace tiempo. Lo que no puede pretenderse es que estos servicios paguen impuestos y no cuenten con las protecciones adecuadas desde la ley.

Otro reto en el horizonte es bitcoin, la moneda electrónica que se ha venido negociando en el país sin regulación y con hostilidad por parte de las autoridades. Ante la evolución, la reacción no puede ser la desconfianza y la obstaculización. Con reglas claras ganan los colombianos, gana el país y se fomenta nuestra economía. ¿Qué esperamos?