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No es casualidad que quienes trabajan para el Estado se llamen “servidores públicos”. De ellos se esperan estándares superiores de comportamiento, dado que su actuar representa a las instituciones y cualquier falla afecta la legitimidad no solo individual sino de la democracia misma. Es por eso que los escándalos cercanos a la Casa de Nariño de estas semanas, más allá de la discusión penal o disciplinaria, son decepcionantes desde la mirada ética y muestran una preocupante concepción del poder público en Colombia.
Andrés Mauricio Mayorquín, exasesor de María Paula Correa, jefa de gabinete de la Presidencia, parece que tenía la costumbre de utilizar su espacio de poder para beneficiar la carrera de su esposa, Karen Liseth Váquiro. En un mensaje publicado por William Dau, alcalde de Cartagena, Mayorquín le dice: “¡Estimado alcalde! Me comentan que estás en busca de un apoyo a seguimiento de temas legislativos de Congreso (...) ¿No sé si es cierto y si podría sugerirte a alguien? Mi esposa ha trabajado en esto y puede serte de ayuda”. Por revelación de Blu Radio, el país se enteró de que Váquiro obtuvo 24 contratos en 19 meses con 17 entidades estatales distintas, todo por un monto de $1.245 millones.
Lo llamativo es que Mayorquín y Váquiro parecen defender la inocencia de lo ocurrido. Hablando con Blu Radio, Váquiro dijo: “Mi actitud de haber negado mi sociedad conyugal vigente (...) fue por no buscar que Andrés (Mayorquín) estuviera allí, para que no se dijera que yo estaba por él”. Eso contrasta con los mensajes publicados por el alcalde de Cartagena. Hablando con Semana, Váquiro ofreció otra idea problemática: “Con la infraestructura que actualmente tengo, yo ya no puedo tener 25 contratos al mismo tiempo, sino que puedo doblarlos a 50 o a 70”.
La discusión nunca ha sido de capacidad, sino de probidad. Que algo pueda hacerse, o incluso que sea legal, no significa que cumpla con los requisitos éticos que todo contrato estatal debería tener. La desconfianza de los colombianos en las instituciones del Estado se entiende cuando ven que una sola persona, casada con un miembro poderoso de la Casa de Nariño, tiene multimillonarios contratos que se pagan de los impuestos de todos.
Correa y la Casa de Nariño separaron a Mayorquín de su cargo, dijeron que todo ocurrió sin su conocimiento y expidieron nuevas directrices de contratación. Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), resaltó que “una vez llegaron las denuncias iniciaron las investigaciones”. Eso despierta dudas: ¿por qué si desde noviembre se abrió la investigación, solo hasta que Blu Radio hizo pública la denuncia se tomaron acciones? ¿Qué hubiese ocurrido de no haber vigilancia del periodismo? También les preguntamos a las entidades contratantes: ¿tan fácil es ocultarle información al Estado que no confesar una sociedad conyugal es suficiente para engañarlo y servir de excusa?
La expectativa de estándares más altos de comportamiento lleva a decisiones difíciles, pero necesarias, como debió ocurrir con Claudia Marcela Montealegre, la esposa de Germán Quintero, secretario jurídico de Presidencia. Montealegre ha recibido nueve contratos con distintas entidades del Estado por sus altas calificaciones profesionales, que nadie cuestiona. Lo que sí genera incomodidad es que no haya una consideración sobre acumular contratos y poder en pareja, más cuando hay tanta cercanía a los tomadores de decisión. Lo dicho: ser servidor público no es sencillo, pero por eso mismo es tan importante.
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