Malabares judiciales

Un susto grande nos metió el martes de esta semana el Consejo de Estado en las horas previas al anuncio del fallo que pudo haber revivido la esperpéntica reforma a la justicia de hace dos años.

No es difícil recordar eso que pasó, para vergüenza de muchos, en aquel descarado intento colectivo de meterle un hachazo a la Constitución para beneficio de pocos.

La enmienda estaba repleta de gabelas y regalos para todas las ramas del poder público: para los magistrados de las altas cortes, para los congresistas, para el Ejecutivo que la promovió. Y así, sin muchos reparos, pasó por el camino que la ley manda para la confección de reformas constitucionales hasta el final: nada dijo el Gobierno y nada dijeron los magistrados y nada dijeron los congresistas, aprobándola a pupitrazo. Ante el descontento popular, el propio Juan Manuel Santos tuvo que objetarla, arrepentido, en el último minuto. ¿Pero podía? ¿Un jefe de Estado puede objetar proyectos de reforma constitucional? Ese fue el ni tan menudo problema que tuvo que enfrentar el Consejo de Estado esta semana.

Unos consejeros que, no sobra decirlo, debieron desde el principio declararse impedidos de fallar sobre algo que, de revivir, los beneficiaría directamente. Ampliación del período y elevación de la edad de retiro, dos de las reformas que más promovieron la mayoría de los magistrados de las cortes. Con todo, 15 votos a favor y nueve en contra en la Sala Plena de esa corporación decidieron que, en efecto (y como mandaba el camino de la lógica), el presidente de la República no tenía la competencia ni para objetar el acto legislativo, ni para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias que hablaran de este tema. Es decir, no podía hacer todo lo que terminó haciendo para detener, tarde, el entuerto.

Y ahí empiezan los malabares porque, a juicio de la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, “el acto de archivo del Congreso y los demás no pierden su vigencia y, por lo tanto, no revive la reforma de la justicia”. Es decir, lo que hizo el presidente es nulo. Pero lo que vino después, como consecuencia de ese acto, que terminó por guardar en un cajón el monstruo jurídico, eso sí tiene plena validez. No es que queramos, ni mucho menos, la resurrección de ese gigantesco mico de favores que era la reforma a la justicia, pero sí resulta insólita esta decisión, al menos en el plano más obvio, de que no se reviva cuando fue nula la objeción que se le hizo. ¿O nos equivocamos?

No se harán esperar, ya veremos, las objeciones y las opiniones para que la norma vuelva nuevamente al ruedo. Ya lo dijo Roy Barreras, senador del Partido de la U: “en mi opinión, la reforma está viva”. Ya lo dijo Álvaro Uribe Vélez, senador del Centro Democrático: “la Constitución dice que cuando el presidente no promulga los actos legislativos, lo hace el presidente del Congreso; vamos a ver qué pasa”. Y de ahí para arriba y de ahí para abajo las opiniones jurídicas de muchos harán, probablemente, que la extinta reforma respire otro buen rato. ¡Tantos y tan poderosos intereses que hay para revivirla!

Y todo esto, toda esta maraña de enredos de normas aplicables, se presenta en un Estado por una sola razón: por no hacer las cosas bien desde el principio. Esto es, por no adelantar una verdadera reforma a la justicia sin intereses más allá del público; por no debatir con profundidad sobre sus verdaderas intenciones; por no cancelarla en el momento justo, cuando ya estaba llena de regalos a manos llenas. Tanto lío nos habríamos ahorrado si le hubieran dado un debate de altura. Si los intereses personalísimos no se antepusieran ante los públicos. Por ahora, lo que queda claro es que un presidente de la República no puede objetar actos que reforman la Constitución. Todo lo demás, lastimosamente, sigue siendo muy confuso.

 

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