Más claridad

Mucho es loq ue ha hecho el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para luchar contra la corrupción y por la transparencia: no solamente desde su rol de feroz opositor que antaño daba debates importantes en el Congreso, sino también desde su labor como alcalde

Como muestra de ese reconocimiento sólo hace falta ver los amplios informes que sobre la limpieza de los colegios por concesión hicimos en este diario hace un tiempo.

Por eso suena muy mal la noticia que reveló el diario El Tiempo sobre la presunta injerencia que tienen en la administración de la ciudad algunos allegados al alcalde. De ser cierto, nos preguntamos, ¿a cuenta de qué? Desde que empezó su atropellada gestión, Petro está respondiendo los serios cuestionamientos que se le hacen por las actividades de su concuñado, el señor Carlos Alberto Gutiérrez Robayo.

Las denuncias periodísticas señalan que el señor Gutiérrez intervino en gestiones para la concesión de contratos públicos en el Distrito e incluso recibió comisiones por contratos en el sistema de transporte. Y pese a que el concuñado del alcalde lo niega todo —como lo hizo ante Blu Radio—, la Personería de Bogotá anunció una investigación preliminar para establecer el alcance de las denuncias: nada menos que su relación para la ampliación del nuevo sistema de Transmilenio. “Vamos a verificar si es cierto que se dieron reuniones privadas para tratar asuntos públicos con personas que no tienen injerencia directa”, dijo Ricardo Cañón, jefe de esa entidad.

Ya llegó a nuestras manos un comunicado de la Alcaldía en el que se le informa a la ciudadanía una serie de postulados: que una directriz para sus colaboradores es no darle un contrato a un familiar, que las denuncias que han llegado a su despacho han sido gestionadas por la Fiscalía, que la lucha contra la corrupción, desde el Distrito, ha sido una “permanente impronta” de la administración, que la renegociación de los contratos de Transmilenio y que la electrificación de sus troncales. En fin.

Postulados que, más que amplios, no responden la pregunta de fondo: ¿estuvo o no un familiar del alcalde reunido con importantes miembros del gabinete distrital o dando consejos sobre lo que debería hacerse o no en temas de contratación? Esa es la duda, más ética que legal, que el funcionario aún no ha respondido ante las serias denuncias periodísticas que se han hecho por estos días.

Aparte de esto, está la figura nada soslayable de el excontratista del Distrito Alejandro Botero, cuyas denuncias contra los Nule lo opacaron empresarialmente, pero que se ha vuelto una piedra en el zapato para el alcalde Petro: desde las redes sociales arremete contra su persona y su gestión y asegura que un contrato para paraderos en la ciudad se estructuró en la casa de Carlos Gutiérrez. Él y el alcalde están, otra vez, en el ojo del huracán.

Falta, entonces, más claridad en este escenario. Falta confrontar a la sociedad y sacarla de toda duda. Si bien nada está probado judicialmente, la ciudadanía y la prensa tienen derecho a sospechar. Mal harían en no prestarle a este caso la atención que merece. Muy fatigante es toda esta situación: hacen falta respuestas concretas.

Temas relacionados
últimas noticias

Anticonceptivos al alcance de todos

Las personas trans no son enfermas mentales

No nos quedemos en un homenaje a Paola Melissa

Es un imperativo moral aprobar la JEP

Vuelve la selección que nos une