Era necesario, por supuesto: el país ha cambiado e, infortunadamente, su modelo de crímenes (y criminales) y sus delitos tipificados en el Código Penal también. Y así, como lo dicta la misma lógica, la forma de investigar todas esas conductas también debía adaptarse a lo nuevo.
Ya el fiscal Eduardo Montealegre, desde el año pasado, había planificado unos cambios que sonaron positivos: el más sonoro, por supuesto, fue el de investigar la macrocriminalidad, para no dar simplemente con el ladrón de esquina que apuñala a alguien por robarle un celular, sino con toda la banda criminal que se alimenta y sobrevive gracias a esa conducta individual. Sonaba bien pese a que desde este mismo espacio cuestionábamos cómo iban a hacer para poner en marcha no sólo un cambio de filosofía dentro de la entidad —cosa que aún está por verse—, sino de infraestructura: se necesitaba plata y personal.
Hoy nos encontramos con un panorama distinto. Una reestructuración que costará la bicoca de $1,08 billones, desembolsados entre este año y 2016. ¿La finalidad? 993 cupos para fiscales especializados, municipales y del circuito. 2.253 puestos de asistentes de fiscales que tienen la finalidad de fortalecer la justicia penal e institucionalizar un nuevo modelo de investigación. Creación de nuevos cargos como los cuatro consejeros judiciales, que desempeñarán sus labores de la mano del fiscal general. Formación de los funcionarios para combatir las distintas formas de criminalidad, apoyo en las regiones (fundamental), entre otras cosas. En fin, todo un paquete.
Lo más esperado, por supuesto, era la apuesta de la institucionalidad toda por una agenda del posconflicto. Es importante, por supuesto, que desde el establecimiento no sólo se tenga la confianza de un proceso de paz exitoso en el futuro, sino que se prepare una cama para recibirlo de la mejor manera posible: que reinen la justicia, la verdad y la reparación es una meta fundamental en un país cuyas heridas aún están abiertas, regando el territorio con sangre.
Para la investigación de muchos delitos se implementarán policías judiciales de distinto orden. En lo económico, para casos como el de Interbolsa. En lo tendiente a la extinción de dominio, para casos de narcotráfico. En lo relacionado con el crimen organizado, para dar con las bacrim (qué gran deuda hay en esto). En lo que tiene que ver con los aforados constitucionales, como sería el caso de los parapolíticos. Y, claro, en lo concerniente a derechos humanos y derecho internacional humanitario: clave para los crímenes cometidos por la guerrilla de las Farc.
Y en esto es clave, a su vez, el giro que se le dio a la Defensoría del Pueblo, a través de una inyección monetaria de gran calado: atender los procesos sobrevinientes a la firma de la paz en La Habana, Cuba, es una exigencia de primer grado, así como los procesos que se adelantan en las regiones.
Es un paso adelante, sin duda. Es algo adeudado, pensamos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la capacitación: de nada sirve un gigante ineficiente ahogado en la burocracia eterna y el papeleo absurdo. Y si se dejan así, a la deriva, sin un cambio de filosofía, sin una impronta de cambio interno, las cosas, incluso, podrían empeorar. Está bien que tengan más dientes, pero que los usen. Y que los usen bien. Y eso depende, mucho, de la clase de funcionarios que se nombren (su preparación, sus puntos de vista frente a la macrocriminalidad o el posconflicto) y de la filosofía que se imprima en las filas. Está por verse, entonces.