La necesaria donación de órganos

La nueva reglamentación busca aumentar la donación en un 40 %, en un país donde, según la Fundación Nacional de Trasplantados, en el 2015 hubo 195 donantes para 2.256 personas que están en lista de espera. Estamos hablando de vidas que pueden ser salvadas, o mejoradas considerablemente, a través del altruismo de la donación.

Las válidas objeciones del presidente Juan Manuel Santos al proyecto de donación de órganos no deben demorar demasiado la implementación de un proyecto de ley vital. / Archivo

El presidente Juan Manuel Santos objetó por inconveniencia un proyecto de ley que reglamenta la donación de órganos en el país. Sus comentarios, que son muy válidos, entrarán a consideración del Congreso, el cual ojalá le dé trámite expedito para que en Colombia por fin se presuma la donación y empecemos a suplir el vacío que hay entre los órganos que se necesitan y los que están disponibles para trasplante.

El proyecto de ley objetado por el presidente es fundamental para el país. Como lo explicó en su momento Rodrigo Lara, representante a la Cámara por Cambio Radical y autor de la propuesta, “con esta iniciativa estamos actualizando la figura de la presunción legal de donación con un elemento nuevo, que es la eliminación de autorización de los familiares para hacer el trasplante del órgano. Un tercero no se puede imponer ni desconocer la voluntad de una persona que fue libre toda su vida para decidir no donar y no lo hizo”.

En otras palabras, si en vida una persona no manifestó su deseo de no donar órganos, los médicos están autorizados por la ley a tratarlo como a un donante y utilizar los tejidos y órganos para trasplantarlos a otras personas que los necesiten. Antes, las familias de los posibles donantes tenían la última palabra y su oposición era habitual, lo que generaba un déficit de órganos y tejidos disponibles. Es apenas lógico cambiar la capacidad decisoria para la persona que es el donante potencial.

Según datos presentados durante los debates legislativos, la demanda de órganos creció 24 % del 2014 al 2015. El mismo Lara dijo que “la tasa voluntaria de donación es de 7,2 personas por millón de habitantes, mientras que en otros países de América Latina vemos un promedio de 21 a 23 personas por millón de habitantes”. La nueva reglamentación busca aumentar la donación en un 40 %, en un país donde, según la Fundación Nacional de Trasplantados, en el 2015 hubo 195 donantes para 2.256 personas que están en lista de espera. Estamos hablando de vidas que pueden ser salvadas, o mejoradas considerablemente, a través del altruismo de la donación.

La objeción presidencial no toca esa modificación. Se refiere, más bien, a tres puntos: la prohibición de sacar o traer al país órganos y tejidos, la utilización del 5 % de la pauta oficial para hablar de la donación de órganos y la creación de un comité técnico para la asignación de los órganos.

Las justificaciones de Presidencia son razonables. Sobre lo primero, implicaría desperdiciar órganos y dificultar la obtención de otros que sean necesarios. Sobre la pauta, pide que se les asigne a las entidades estatales de salud, y no a todos los ministerios. Y en el comité, solicita mantener la competencia única del Instituto Nacional de Salud (INS), para así evitar burocracias innecesarias.

Lara expresó su voluntad de aceptar los comentarios presidenciales y devolver el proyecto para la sanción final. Ojalá así se haga pronto. En estos temas, cada día que pasa cuenta y con una modificación legal puede empezarse a salvar vidas. En buena hora comenzará el país a hablar sobre cómo, incluso en la muerte, nos podemos ayudar los unos a los otros.

 

 

 

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