Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional

Ante la incapacidad para adoptar medidas más efectivas en contra de la dictadura venezolana, algunos países abrieron la puerta a una posible acción militar en contra de Nicolás Maduro. Craso error. A pesar de la frustración reinante, y mientras la crisis humanitaria adquiere proporciones históricas, otras alternativas impulsadas por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, junto con varios países, empiezan a tener efecto.

La primera, y más importante, es la presentación ante la Corte Penal Internacional (CPI) de una denuncia contra Maduro por “graves violaciones de los derechos humanos” en su país. Es un hecho inédito, que marca una nueva etapa dentro de la protección de los derechos fundamentales, que han sido pisoteados por un régimen dictatorial. Con el liderazgo de Colombia, y utilizando los mecanismos que prevé el derecho internacional público, Argentina, Chile, Paraguay y Perú decidieron agarrar el toro por los cuernos y llevarlo ante la CPI, en La Haya.

Hace un par de años, ante la dificultad de que en la OEA se tomaran decisiones frente a Venezuela, Almagro decidió actuar. Entre las iniciativas que fue explorando, el secretario general nombró a un grupo de expertos en el tema e instaló un mecanismo para escuchar denuncias contra el régimen de Caracas. En ese momento el tema no generó mayor entusiasmo y la mayoría de los estados miembros prefirieron hacerse a un lado.

Lo cierto es que lo sucedido la semana pasada no solo es un paso correcto en contra de un dictador, sino que está generando una nueva doctrina en materia de protección de los derechos humanos, cuando los organismos multilaterales son incapaces de tomar decisiones más radicales por las polarizaciones políticas internas. El presidente Iván Duque dijo con claridad que en Venezuela hay “una dictadura que ha arruinado todas las libertades, que ha perseguido a todo un pueblo y que es la causante de una grave crisis humanitaria”. La respuesta del canciller venezolano, Jorge Arreaza, era previsible: “Utilizan como sustento de la denuncia el informe de un hombre que quiere la intervención y la guerra”, refiriéndose a Luis Almagro, a quien señaló de ser un sicario. Qué paradoja. De momento, el tema queda en manos de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, quien deberá decidir si la denuncia y los hechos presentados ameritan la apertura de un caso.

De otro lado, Almagro ha venido impulsando, con un grupo de países, una doctrina novedosa de origen canadiense denominada el Derecho a Proteger, o R2P, por sus siglas en inglés. La idea central es que mientras los canales tradicionales son insuficientes para actuar frente a una crisis humanitaria, existen otro tipo de acciones que, sin violentar la normatividad internacional, pueden ayudar a paliar la grave situación generada por la violación de los derechos humanos. La crisis en Venezuela y los 2,5 millones de venezolanos que han emigrado, muchos de los cuales lo hacen solo con sus sueños frustrados y una esperanza incierta como equipaje, caminan por las carreteras de la región viviendo de la solidaridad de civiles que tratan de ayudarlos en este difícil momento, como un mínimo gesto de solidaridad.

Lo cierto es que sí hay alternativas viables frente a la aparente inacción contra la dictadura del país vecino, más allá de las posturas belicistas. Dichas acciones se enmarcan dentro de las normas del derecho internacional. Agitar tambores de guerra contra Venezuela no solo es absurdo, sino que es irresponsable cuando el país que tendría que asumir el mayor costo es Colombia. En este sentido, reiteramos nuestro apoyo a la decisión del presidente Duque de reiterar el carácter pacifista de nuestro país y recordar, junto con el canciller Carlos Holmes Trujillo, que no se puede pisar la cascarita de las provocaciones provenientes de Venezuela.

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