No es hora de apagar la paz

EL TREMENDISMO CON EL QUE SE recibió la sentencia de la Corte Constitucional sobre el fast track resultó apresurado.

Aunque en efecto la decisión hace más compleja la implementación del Acuerdo de Paz, también demuestra que en Colombia operan los pesos y contrapesos, introduce modificaciones sensatas al procedimiento legislativo, blinda el resto de los mecanismos aprobados y les exige a los congresistas estar a la altura del momento histórico. Pecan por irresponsable ligereza quienes asemejan la providencia con “hacer trizas” lo pactado.

Lo más llamativo de la sentencia de la Corte Constitucional es que es razonable. Aunque hay una discusión jurídica sobre el uso de la doctrina de la sustitución constitucional, que no tocaremos en este espacio, los efectos prácticos de la decisión nos parecen una necesaria limitación a los poderes del Gobierno. En síntesis, el alto tribunal tumbó dos aspectos del fast track: ya no es necesario el aval del Gobierno para promover modificaciones a los proyectos de ley ni es válida la votación en bloque de las propuestas. En otras palabras, aumenta el poder de los congresistas y la responsabilidad con la aprobación de lo acordado en La Habana.

Son entendibles los miedos que esto genera. Hemos visto cómo los congresistas han utilizado el proceso de paz para fines individualistas, amenazando con obstaculizar su implementación si el Gobierno no cumple con ciertos requisitos. También hay quienes en el parlamento celebrarían que todo este esfuerzo se perdiera y no se han cansado de obstaculizar cada propuesta. Sin embargo, esperamos que, ahora que tienen mucha más capacidad de decisión, entiendan que deben estar a la altura histórica y trabajar para que el país pueda entrar al posconflicto con las Farc.

Otro motivo para no caer en angustias inútiles es que el Congreso no puede aprobar nada que vaya en contra de lo pactado en Cuba. Esto debería tranquilizar a la guerrilla, pues, aunque no sobrarán quienes quieran introducir micos y modificaciones no negociadas, esto no podría pasar la revisión constitucional. Si el procedimiento fast track existe, es precisa y exclusivamente porque existe un acuerdo que se debe implementar.

Lo que la decisión hace, pues, es limitar al Gobierno, que había estado utilizando el fast track para introducir temas cuya relación con el acuerdo no era evidente, y pedirle al Congreso que se apersone de la responsabilidad que tiene enfrente. Tal vez más importante aún, les quita el fuego retórico a los opositores que insisten en que Colombia va encaminada inexorablemente hacia una “dictadura castrochavista”. No es menor el hecho de que la demanda que desencadenó en esta decisión fue presentada por el senador Iván Duque, del Centro Democrático. Ese partido no ha perdido oportunidad para cuestionar la independencia de la Corte Constitucional y, en general, de las instituciones del país. ¿Ven que los mecanismos legales existentes sí permiten ejercer un sano control político? Ojalá lo tuvieran en cuenta antes de seguir fomentando la polarización y las visiones apocalípticas que no tienen cabida en la realidad nacional y que son irresponsables.

Finalmente, y contrario a quienes piensan con el deseo cuando dicen que la Corte hizo trizas el Acuerdo de Paz, la regulación del fast track y la limitación a los poderes del Gobierno implican que lo que se apruebe contará con mayor legitimidad. Esa es la gran deuda de este proceso histórico: que los colombianos, congresistas incluidos, entiendan que esta no es la paz de la administración de Juan Manuel Santos, sino la de todos. Y que está en manos de todos asegurarse de que llegue a buen puerto. Ya hemos visto los réditos de una Colombia desarmada y con ánimos de reconciliación.

 

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