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El año terminó y empezó en medio de contradicciones para una de las ambiciones del gobierno de Gustavo Petro. En octubre, el presidente dijo que “los contratos de prestación de servicios deben pasar a la historia”, y su administración se ha comprometido a que en los cuatro años de su mandato cerca de 700.000 contratistas del Estado pasen a ser empleados públicos; es decir, que tengan contratos laborales con todas las condiciones de dignidad que implica la ley. Sin embargo, lo que se ha conocido del plan para aterrizar esa propuesta ha generado protestas incluso dentro del Gobierno mismo y está en veremos, sobre todo en vísperas de una reforma laboral que está anunciada para marzo.
A finales del 2022, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) dijo que todos los contratos de prestación de servicios del Estado para el 2023 deberían suscribirse por un máximo de cuatro meses. En ese tiempo, el DAFP les pidió a todas las entidades diagnosticar cuántos trabajadores requieren para cumplir sus funciones y proceder a la conformación de “plantas temporales”, para así hacer el cambio en el tipo de contratación. Sin embargo, el anuncio tardío causó protestas del Ministerio del Trabajo y la Procuraduría, así como incertidumbre en las entidades territoriales.
En una carta enviada a Presidencia, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que el DAFP “no contó con la previa articulación que las normas imponen y, por lo mismo, dar por sentado que los estudios de cargas laborales necesarios para adelantar el proceso de formalización laboral puedan ser realizados en cuatro meses y sin las apropiaciones presupuestales correspondientes”, lo que “no solo dificulta la gestión administrativa de las entidades públicas, sino también imponen un carga imposible de ejecutar en los tiempos que la circular establece”. En pocas palabras: que un cambio tan estructural no se puede hacer de afán y mucho menos sin que sea un esfuerzo concertado por todas las entidades del Estado.
Hay preocupaciones que se han presentado al proyecto del Gobierno. El Instituto Anticorrupción, el Observatorio Ciudadano Mi Cali Contrata Bien y La Silla Vacía hicieron un estudio de 213.774 contratos y llegaron a una conclusión que debe darle pausa a la casa de Nariño: “Si solo se formalizan la mitad de los contratos de prestación de servicios de cada entidad, el costo ya sería más alto que el de todas las prestaciones de servicios que se firman anualmente. Hay casos en los que el gasto, incluso, estaría hasta tres veces por encima”. Las respuesta que ha dado hasta ahora el DAFP es insuficiente y da cuenta de que los análisis económicos no se han hecho con suficiente seriedad.
Es cierto que hay una hipocresía inherente en un Estado que contrata por prestación de servicios a un enorme número de sus colaboradores. Compartimos la necesidad planteada por el presidente de que haya trabajo formal digno en las entidades estatales como ejemplo para el resto de sectores de la economía. Sin embargo, es necesario que el proceso se haga con cuidado, teniendo en cuenta las necesidades de recursos que eso implica y, también, evitando que la creación de las nuevas plantas temporales no sea un nuevo foco de clientelismo. Le falta más reflexión a uno de los planes más ambiciosos del presidente.
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