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Agresiones con palos a gestores de convivencia cuyo único trabajo es garantizar el diálogo y los derechos humanos de quienes los estaban golpeando. Un policía en el piso, recibiendo palazo tras palazo de una turba descontrolada. Una policía en una estación de Transmilenio, rodeada de hombres agresivos que la estaban violentando y no la dejaban huir. Lo que vimos en Bogotá el miércoles sobrepasa cualquier discusión sobre las razones de una protesta. Eso no fue una manifestación, fue un acto de violencia inaceptable en el que, además, se evidenció una nueva incapacidad de las autoridades de policía para intervenir de forma decisiva cuando se empiezan a cometer crímenes.
Sí, tenemos que hablar de los sufrimientos del pueblo embera. Durante más de dos años, la Alcaldía de Bogotá ha destinado más de $9.000 millones para recibirlos en la capital mientras esperan que el Gobierno Nacional cumpla sus promesas. Iván Duque logró un acuerdo, que no se ha ejecutado, y ahora le corresponde al Gobierno de Gustavo Petro cumplirlo. También es verdad que las condiciones en las que están en Bogotá son inhumanas, a pesar de las ayudas de la Alcaldía. El desespero es comprensible.
El problema es que la violencia que vimos no puede ser ignorada. Lo dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López: “¡Esto no es protesta social! ¡Es violencia inaceptable, que no debe quedar impune! La impunidad (del) abuso y violencia solo incentiva su reproducción. Así como he denunciado y hecho judicializar abusos de miembros de la fuerza pública, haré lo propio con esto”. Es lo necesario. También el presidente, Gustavo Petro, hizo bien en rechazar los ataques a la fuerza pública. Queda una pregunta en el aire, en tiempos de nuevos protocolos de acción: ¿por qué la policía no intervino de manera más decisiva para detener la agresión? Los 27 heridos quedarán con secuelas físicas y psicológicas ante situaciones que no deberían enfrentar solo por estar cumpliendo su deber. Se vio el odio contra la institucionalidad en cada uno de los ataques.
De la mano de la justicia, es necesario que haya una solución real para los reclamos de los emberas. “Los acuerdos que firmó el gobierno anterior serán cumplidos por nosotros. La paz en el alto Andágueda, el empoderamiento de su reserva, será fundamental para solucionar un problema de incomprensión étnica en el centro de Bogotá”, dijo el presidente Petro después de reunirse con representantes de los indígenas. Le queda mal al Gobierno despreciar los esfuerzos del distrito, cuando la Alcaldía es la única institución que ha hecho presencia constante de atención a los emberas y este es un problema que le corresponde solucionar al ámbito nacional.
De este desastre deben salir varias soluciones: una para la comunidad embera, que necesita ver sus reclamos escuchados y atendidos; otra para la fuerza pública, que merece protección y respeto; y otra simbólica para un país que debe aprender a manifestarse sin violencia. No podemos normalizar el horror que vimos.
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