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Si el Gobierno Nacional decide tomar la inusual e injustificada decisión de objetar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), estaría creando un vacío jurídico sin utilidad alguna para el país. Si bien los tribunales de paz podrían seguir funcionando, como lo han hecho hasta ahora, bajo su mandato constitucional, la ausencia de la estatutaria deja muchos aspectos procedimentales sin reglamentación, lo que, como hemos visto en la práctica, causa choques de trenes y enrarece la labor de la justicia transicional. ¿Quiénes ganarían si se sigue dilatando la entrada en total rigor de la JEP?
Desde el punto de vista jurídico y constitucional, la sola idea de objetar la ley estatutaria de la JEP se trata de una situación anómala. El proyecto aprobado que reposa sobre el escritorio del presidente Iván Duque tuvo que atravesar rigurosos y complicados debates en el Congreso, lo que permitió una amplia discusión de su contenido. Además de tratarse de un proyecto aprobado por el Legislativo, la ley también pasó por el control previo de la Corte Constitucional, que decidió, sin ningún tipo de ambigüedad, que el articulado estaba acorde con la Carta Política. ¿Por qué, entonces, hay todavía rumores sobre la posibilidad de que sea objetada?
A Presidencia llegó una carta firmada por José Jaime Uscátegui, representante del Centro Democrático, y por otros activistas, que le pide objetar el proyecto porque, según ellos, se pone en riesgo la protección de los derechos de los niños. En la misiva escriben que “en el presente caso estamos ante un proyecto que no solo va en contra de la Constitución por desconocer la prevalencia de los derechos de los menores, sino que, adicionalmente, resulta inconveniente pues su sanción desconocería la obligación asumida por Colombia para garantizar el principio internacional de interés superior del menor en los tratados que lo desarrollan”.
El argumento es extraño porque tilda de inconstitucional un proyecto que ya fue avalado por el tribunal encargado de garantizar la supremacía de la Carta Política. Más aún porque la ley estatutaria lo que permite es que la JEP estudie casos de delitos sexuales contra menores si tuvieron relación alguna con el conflicto armado, pero garantiza que estos van a ser resueltos, ya sea por este tribunal o por la justicia ordinaria. De hecho, que un tribunal especializado como la JEP tenga capacidad de estudiar estos casos garantiza que recibirán la atención merecida y no se pierdan, como ocurre en tantas ocasiones, en medio del sistema ordinario, donde la congestión judicial lleva muchos procesos a terminar en impunidad.
Mientras ocurre todo este debate, la JEP le sigue demostrando al país su utilidad e importancia histórica. En un acto sin precedentes, ayer Timoléon Jiménez, alias Timochenko, se presentó ante el tribunal de paz a rendir indagatoria sobre el caso 001 de la justicia transicional, relacionado con la “retención ilegal de personas por parte de las Farc”. Aunque este tipo de situaciones se han normalizado, es necesario darle la importancia que merece: el máximo jefe de la que fue la guerrilla más antigua de América Latina se presentó ante la justicia colombiana para explicar lo que ocurrió y responder por sus crímenes. ¿Esos son los procesos que estamos dispuesto a interrumpir porque todavía hay un sector de la sociedad que desconfía de la JEP, pese a toda la evidencia sobre su buen funcionamiento?
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