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El paro armado es la materialización de la ausencia del Estado colombiano en todo el territorio y de su incapacidad de ejercer el monopolio de la fuerza en un país acostumbrado a los entes paraestatales, que se atribuyen potestades que solo deberían pertenecer al gobierno civil. Aunque al cierre de esta edición parece que el despliegue vehemente de la Fuerza Pública ha logrado mermar las peores consecuencias de la ofensiva del Clan del Golfo, el golpe de autoridad fue evidente, sembró terror en varios departamentos y evidenció que la política de seguridad del presidente Iván Duque, heredada de sus antecesores, se quedó cortísima. Es momento de una reformulación profunda de las guerras que se luchan dentro del territorio nacional.
La presidencia de Iván Duque nos dejará una colección de frases apresuradas. Cuando se anunció la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el mandatario fue tajante: “Con este golpe se marca el final del Clan del Golfo”. Lo que hemos visto los últimos días es evidencia de todo lo contrario. A pesar de la extradición del otrora líder máximo del Clan del Golfo, la organización criminal y narcotraficante fue capaz de decretar un paro armado en más de 11 departamentos del país. Según la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, solo en dos días el paro causó 150 hechos de afectación contra la población civil, incluyendo cinco tentativas de homicidio, 10 vías bloqueadas, 12 homicidios selectivos, alrededor de 50 ceses de actividades de transporte, entre ellos cierre de terminales. Por todos lados hay grafitis y panfletos del Clan.
Como escribió la periodista Laura Ardila Arrieta: “Tercer día de confinamiento y terror en al menos cinco subregiones de Colombia. Ya no solo es el miedo, sino el hambre de los campesinos que viven del diario. Alcance del paro es inédito. Autoridades locales con las manos en la cabeza”. El fracaso es evidente. También, las denuncias del terror de los ciudadanos más afectados.
No es coincidencia que el poderío del Clan del Golfo se vea en los departamentos donde el Acuerdo de Paz no se ha implementado y el Estado colombiano ha estado históricamente ausente. Por eso, es lamentable que la estrategia del presidente Duque sea la misma de la Seguridad Democrática de los años de Álvaro Uribe, concentrada únicamente en el pie de fuerza. Eso, como hemos visto, es atender un síntoma en vez de la enfermedad de fondo. Lo dijo Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch: “El Gobierno colombiano tiene una política de seguridad que parte de un diagnóstico errado: creer que basta con capturar a los cabecillas para desmantelar estos grupos armados”.
Además del abandono estatal, la otra fortaleza del Clan del Golfo es el narcotráfico. Mientras la respuesta siga siendo una guerra contra las drogas caduca e ineficiente, es difícil imaginarnos un país sin la presencia nefasta de estos criminales. Necesitamos, por supuesto, seguir apoyando y fortaleciendo a la Fuerza Pública. Pero los grandes debates no se deben aplazar, así como buscar avenidas de diálogo; de lo contrario, estamos lejos del fin del Clan del Golfo o de cualquier agrupación que tome su lugar eventualmente.
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