Para no olvidar

Un día como hoy, hace exactamente 25 años, un comando paramilitar sujeto a las órdenes de Fidel Castaño entró al pueblo de Segovia, Antioquia, y empezó a disparar en la plaza central a todo lo que se moviera: dejaron regados por el piso 46 cadáveres para su posterior recolección y 60 heridos.

Tenían muy claro que al pueblo había que hacerle pagar un escarmiento por haber elegido a una alcaldesa proveniente de la Unión Patriótica, ese partido de izquierda que surgió en 1985 después de la tregua (pactada en La Uribe, Meta) hecha realidad entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc un año antes.

Los sectores de la extrema derecha no dejaron ni respirar a esa colectividad política: la exterminaron de la faz de la tierra en cuestión de unos cuantos años. En Segovia se vivió la desesperanza por culpa de esta retaliación sangrienta. En Colombia, la cosa fue así: dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes y alrededor de 1.800 militantes —según las cuentas más conservadoras— fueron exterminados en situaciones que aún hoy levantan suspicacia. La alcaldesa de Segovia, Rita Ivonne Tobón, se salvó de puro milagro.

Tobón declaró que hace 25 años la cosa se sentía desde por la mañana. No había militares, dijo. Afirmó también que en el comando de la Policía había unos oficiales desarreglados, despreocupados, como de fiesta, tomando aguardiente. Los testimonios de dicha masacre dan cuenta de que nadie impidió a los paramilitares irse a tiro limpio en contra de la población civil. Nadie, ninguna autoridad del orden público, llegó a ayudar. Diciente.

Y más diciente aún que no hubiera esquema de protección cuando las amenazas eran más que claras. El grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste ya había hecho inequívoca su intención de no aceptar “alcaldes comunistas en la región, como tampoco concejos municipales integrados por campesinos idiotas o vulgares obreros como los de la Unión Patriótica”. Ahí mismo, de paso, aceptaban que apoyaban al “gran caudillo de esta región, César Pérez García”.

En mayo de este año la Corte Suprema de Justicia condenó a 30 años de prisión al excongresista Pérez García por dicha masacre. Mucho tiempo después de estar cojeando, la justicia llegó. Al menos en un caso. “La única manera de tornar la página es que se sancione a los culpables, tanto intelectuales como materiales”, dijo por esa época, en las audiencias, la exalcaldesa Tobón. Tiene razón.

Imposible no tener presente el aniversario de estos hechos justo cuando hoy, en La Habana, Cuba, las Farc vuelven a sentarse con un gobierno colombiano a discutir el tema de la paz. Las consecuencias desastrosas que quedaron de la última oportunidad, cuando se le dio a la sociedad colombiana una opción política surgida de esa conversación, no pueden olvidarse. Y cae como anillo al dedo este aniversario justo cuando se acaba de aprobar el segundo punto de la agenda: participación en política. Que, más que un término claro de cómo las Farc van a usar las palabras en vez de las balas, se trata por ahora de una declaración de principios. De modos democráticos que, lastimosamente, nos son ajenos en Colombia. Que por más que los prediquemos en extensos tratados, aún no hemos sido capaces de aplicar. Que emane de acá es algo simbólico.

Porque es así, teniendo en cuenta la importancia de la oposición, fortaleciéndola para que no quede huérfana a manos de los intolerantes, como puede reconstruirse un país desde sus heridas más profundas. ¿Podremos esta vez? Ojalá sí.

 

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