No podemos seguir de consulta en consulta

Siguen avanzando en el país las consultas populares convocadas por municipios que tienen la intención de frenar los proyectos extractivos en su territorio, inspirados por las sentencias de la Corte Constitucional y triunfos como el de Cajamarca este año. El Gobierno, angustiado por los reclamos de las empresas mineras que ven en esto un riesgo a la necesaria seguridad jurídica de sus inversiones, no sabe muy bien cómo responder. Mientras tanto, florece la minería ilegal. ¿Por qué en Colombia ha sido imposible reconciliar el valor que traen este tipo de proyectos con los intereses de las poblaciones, que ven sus efectos más negativos?

El 4 de junio, Cumaral, en el Meta, irá a las urnas para participar en una consulta popular que definirá si el gigante indo-chino Mansarovar puede entrar a explotar 22.000 hectáreas de las 62.000 del municipio. Como reportó el domingo pasado El Espectador, hay hasta canciones en el pueblo que dicen: “Salvemos en la consulta / al pueblo cumaraleño”. Y no es un caso aislado. Según el Ministerio de Minas, ya son 44 los municipios que tienen intenciones de convocar consultas populares para prohibir la explotación de hidrocarburos (15 de ellas) o de minerales (26) en sus territorios.

El Gobierno ha demostrado su preocupación, pero no parece entender cuál es el problema. El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, ha insistido en múltiples ocasiones que las regalías representan el 50 % de la inversión pública en los territorios y que el sector minero-energético representa entre el 10 y el 12 % del PIB colombiano. Si la economía colombiana depende tanto de estos proyectos, ¿por qué en los pueblos no son vistos con buenos ojos?

Son muchos los motivos. Una investigación que hizo la Contraloría en 2014 demostró que los peores lugares para vivir en Colombia son los pueblos mineros. Según sus hallazgos, en pueblos mineros la pobreza promedio es del 74 %; en los petroleros, del 65 %, y en aquellos que no realizan actividades extractivas, del 43 %. La Jagua de Ibirico es un caso emblemático de esta paradoja: pese a que en el 2009 entraron al país $85.000 millones por regalías de ese municipio, el más rico del Cesar, la bonanza dejó cinco exalcaldes con problemas legales y a los pobladores sin alcantarillado, acueducto, salud ni educación. ¿Cómo es posible?

El exministro de Minas Amylkar Acosta pone el dedo en la llaga: “Se presenta un déficit de diálogo con las comunidades y esta es una de las causas de los recurrentes desencuentros”. Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, lo dice de otra manera: “La gente no siente que está recibiendo los beneficios adecuados que la minería, se suponía, les iba a dar a cambio de la explotación”.

Sin embargo, la solución no puede ser que la política pública de extracciones se defina de consulta en consulta, con toda la volatilidad que eso genera. El país necesita obtener los recursos de la minería y no puede andar incumpliendo compromisos ya suscritos. Actualmente hay 8.866 títulos mineros en firme. Y el peor desenlace de que todo se haga en las urnas es que la gente se siente traicionada cuando el Gobierno le busca el quite al resultado, las empresas se van por nerviosismo y el país de todas maneras sufre en sus finanzas. Perdemos todos.

El primer paso, entonces, es que el Gobierno reconozca que la asignación de estos proyectos ha sido excluyente y arrogante. Los diálogos con las comunidades no pueden ser impositivos ni mucho menos condescendientes. Para agilizar los debates, el país necesita una nueva regulación que sea más transparente, que incluya a los pobladores de las zonas afectadas y que garantice de una vez por todas que los recursos en efecto mejoren la calidad de vida de los municipios explotados, no que se pierdan en una maraña de corrupción y promesas sin cumplir. Todo esto, además, debe hacerse pronto, o el futuro de la economía de Colombia seguirá de capa caída.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Siguen avanzando en el país las consultas populares convocadas por municipios que tienen la intención de frenar los proyectos extractivos en su territorio, inspirados por las sentencias de la Corte Constitucional y triunfos como el de Cajamarca este año. El Gobierno, angustiado por los reclamos de las empresas mineras que ven en esto un riesgo a la necesaria seguridad jurídica de sus inversiones, no sabe muy bien cómo responder. Mientras tanto, florece la minería ilegal. ¿Por qué en Colombia ha sido imposible reconciliar el valor que traen este tipo de proyectos con los intereses de las poblaciones, que ven sus efectos más negativos?

El 4 de junio, Cumaral, en el Meta, irá a las urnas para participar en una consulta popular que definirá si el gigante indo-chino Mansarovar puede entrar a explotar 22.000 hectáreas de las 62.000 del municipio. Como reportó el domingo pasado El Espectador, hay hasta canciones en el pueblo que dicen: “Salvemos en la consulta / al pueblo cumaraleño”. Y no es un caso aislado. Según el Ministerio de Minas, ya son 44 los municipios que tienen intenciones de convocar consultas populares para prohibir la explotación de hidrocarburos (15 de ellas) o de minerales (26) en sus territorios.

El Gobierno ha demostrado su preocupación, pero no parece entender cuál es el problema. El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, ha insistido en múltiples ocasiones que las regalías representan el 50 % de la inversión pública en los territorios y que el sector minero-energético representa entre el 10 y el 12 % del PIB colombiano. Si la economía colombiana depende tanto de estos proyectos, ¿por qué en los pueblos no son vistos con buenos ojos?

Son muchos los motivos. Una investigación que hizo la Contraloría en 2014 demostró que los peores lugares para vivir en Colombia son los pueblos mineros. Según sus hallazgos, en pueblos mineros la pobreza promedio es del 74 %; en los petroleros, del 65 %, y en aquellos que no realizan actividades extractivas, del 43 %. La Jagua de Ibirico es un caso emblemático de esta paradoja: pese a que en el 2009 entraron al país $85.000 millones por regalías de ese municipio, el más rico del Cesar, la bonanza dejó cinco exalcaldes con problemas legales y a los pobladores sin alcantarillado, acueducto, salud ni educación. ¿Cómo es posible?

El exministro de Minas Amylkar Acosta pone el dedo en la llaga: “Se presenta un déficit de diálogo con las comunidades y esta es una de las causas de los recurrentes desencuentros”. Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, lo dice de otra manera: “La gente no siente que está recibiendo los beneficios adecuados que la minería, se suponía, les iba a dar a cambio de la explotación”.

Sin embargo, la solución no puede ser que la política pública de extracciones se defina de consulta en consulta, con toda la volatilidad que eso genera. El país necesita obtener los recursos de la minería y no puede andar incumpliendo compromisos ya suscritos. Actualmente hay 8.866 títulos mineros en firme. Y el peor desenlace de que todo se haga en las urnas es que la gente se siente traicionada cuando el Gobierno le busca el quite al resultado, las empresas se van por nerviosismo y el país de todas maneras sufre en sus finanzas. Perdemos todos.

El primer paso, entonces, es que el Gobierno reconozca que la asignación de estos proyectos ha sido excluyente y arrogante. Los diálogos con las comunidades no pueden ser impositivos ni mucho menos condescendientes. Para agilizar los debates, el país necesita una nueva regulación que sea más transparente, que incluya a los pobladores de las zonas afectadas y que garantice de una vez por todas que los recursos en efecto mejoren la calidad de vida de los municipios explotados, no que se pierdan en una maraña de corrupción y promesas sin cumplir. Todo esto, además, debe hacerse pronto, o el futuro de la economía de Colombia seguirá de capa caída.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.