Sigue la aniquilación de los firmantes del Acuerdo de Paz. Ronald Rojas, conocido como Ramiro Durán en las antiguas Farc, fue asesinado por un francotirador. Su esquema de seguridad estaba incompleto y fue incapaz de responder al asesinato. Como en muchos otros casos, se trata de una tragedia anunciada. El mismo Durán, en entrevista con El Espectador hace un par de años, había advertido que “en Huila hay una venganza contra quienes colaboraron con las Farc”. No importó. No podemos pasar la página mientras les fallamos a quienes le cumplieron a lo pactado en La Habana. Es momento de cambiar de estrategia.
Ramiro Durán era un referente en el proceso de reincorporación e implementación del Acuerdo de Paz. Su voz y su liderazgo político fueron claves en Huila, uno de los departamentos más afectados por el conflicto. Aunque renunció, junto con otros excombatientes, al partido Comunes por diferencias con sus líderes, fue claro: “Mis esfuerzos, conocimientos y experiencia seguirán comprometidos con la defensa del Acuerdo y la reincorporación socioeconómica de los exguerrilleros y exguerrilleras. Para eso siempre estaré dispuesto”. Así lo hizo durante estos años, primero como delegado en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) y luego como activista en su región.
El diagnóstico estaba hecho. Hablando con Colombia+20 de El Espectador en 2020, Durán había explicado que “los ataques no están exclusivamente direccionados hacia la comunidad de reincorporados, sino también al universo de personas que gravitaban en torno a nosotros como colaboradores, como civiles, campesinos de la región que nos hacían uno u otro favor; esa fue la gente atacada en los últimos 15 días. Asesinatos, amenazas y desplazamientos han sufrido”. Ahora él fue víctima de esa misma persecución. Las preguntas sin respuesta son frustrantes: ¿cómo un francotirador camuflado puede cometer un asesinato de este tipo y permanecer en la impunidad? ¿Por qué el esquema de seguridad fue insuficiente? ¿Cuántos asesinatos más veremos en el goteo macabro contra los reincorporados?
Ya las respuestas dependen del nuevo gobierno, que debe priorizar esta crisis. Ahora que se habla de reanudar los diálogos con el Eln y de un cese bilateral del fuego, medidas que respaldamos en el intento por una paz integral, la pregunta por la seguridad de los reincorporados será esencial. En estos cuatro años les hemos fallado a quienes le cumplieron al Acuerdo, a tal punto que sus muertes se cuentan en centenares y el Gobierno se quedó sin respuestas.
El problema es complejo. No se soluciona simplemente con esquemas de seguridad más robustos, sino entendiendo que las fallas en la implementación ponen en riesgo al país entero. Que estos crímenes ocurran en territorios abandonados por el Estado, con violencia de grupos ilegales y con mucha desigualdad no es coincidencia. Por eso necesitamos actuar cuanto antes. La apuesta por la paz tiene que ir con hechos vehementes.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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Sigue la aniquilación de los firmantes del Acuerdo de Paz. Ronald Rojas, conocido como Ramiro Durán en las antiguas Farc, fue asesinado por un francotirador. Su esquema de seguridad estaba incompleto y fue incapaz de responder al asesinato. Como en muchos otros casos, se trata de una tragedia anunciada. El mismo Durán, en entrevista con El Espectador hace un par de años, había advertido que “en Huila hay una venganza contra quienes colaboraron con las Farc”. No importó. No podemos pasar la página mientras les fallamos a quienes le cumplieron a lo pactado en La Habana. Es momento de cambiar de estrategia.
Ramiro Durán era un referente en el proceso de reincorporación e implementación del Acuerdo de Paz. Su voz y su liderazgo político fueron claves en Huila, uno de los departamentos más afectados por el conflicto. Aunque renunció, junto con otros excombatientes, al partido Comunes por diferencias con sus líderes, fue claro: “Mis esfuerzos, conocimientos y experiencia seguirán comprometidos con la defensa del Acuerdo y la reincorporación socioeconómica de los exguerrilleros y exguerrilleras. Para eso siempre estaré dispuesto”. Así lo hizo durante estos años, primero como delegado en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) y luego como activista en su región.
El diagnóstico estaba hecho. Hablando con Colombia+20 de El Espectador en 2020, Durán había explicado que “los ataques no están exclusivamente direccionados hacia la comunidad de reincorporados, sino también al universo de personas que gravitaban en torno a nosotros como colaboradores, como civiles, campesinos de la región que nos hacían uno u otro favor; esa fue la gente atacada en los últimos 15 días. Asesinatos, amenazas y desplazamientos han sufrido”. Ahora él fue víctima de esa misma persecución. Las preguntas sin respuesta son frustrantes: ¿cómo un francotirador camuflado puede cometer un asesinato de este tipo y permanecer en la impunidad? ¿Por qué el esquema de seguridad fue insuficiente? ¿Cuántos asesinatos más veremos en el goteo macabro contra los reincorporados?
Ya las respuestas dependen del nuevo gobierno, que debe priorizar esta crisis. Ahora que se habla de reanudar los diálogos con el Eln y de un cese bilateral del fuego, medidas que respaldamos en el intento por una paz integral, la pregunta por la seguridad de los reincorporados será esencial. En estos cuatro años les hemos fallado a quienes le cumplieron al Acuerdo, a tal punto que sus muertes se cuentan en centenares y el Gobierno se quedó sin respuestas.
El problema es complejo. No se soluciona simplemente con esquemas de seguridad más robustos, sino entendiendo que las fallas en la implementación ponen en riesgo al país entero. Que estos crímenes ocurran en territorios abandonados por el Estado, con violencia de grupos ilegales y con mucha desigualdad no es coincidencia. Por eso necesitamos actuar cuanto antes. La apuesta por la paz tiene que ir con hechos vehementes.
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