No retrocedamos en el tema del trabajo sexual

La trata de personas es un problema que Colombia debe enfrentar, pero no sirve unirlo a la prostitución. / Foto: iStock

En el Congreso se debate un proyecto de ley, presentado por la representante a la Cámara Clara Rojas, que significaría un retroceso en los pocos avances que Colombia ha tenido en la regulación del trabajo sexual, y que adopta la posición condescendiente y poco efectiva de quienes no diferencian entre la trata de personas y la prostitución. El resultado, de aprobarse, es que no se solucionarían los problemas graves que enfrenta el país en estos temas y se pondría aún en mayor riesgo a las mujeres que ejercen el trabajo sexual.

La propuesta de Rojas es sancionar a los clientes de las trabajadoras sexuales con multas desde $98.300 en los primeros dos años y que llegarán hasta $786.900. El dinero recaudado estaría destinado a un fondo de atención para las personas que ejerzan la prostitución, administrado por el Ministerio de Salud. El objetivo, según la representante, es minimizar la ocurrencia de esta práctica y evitar que Colombia sea un destino de turismo sexual.

La idea de un fondo en el área de la salud pública es la muestra de la condescendencia que motiva a la posición de la representante y sus partidarios. En entrevista con El Tiempo, Rojas dijo que la prostitución “es realmente una explotación, porque atenta contra los derechos humanos”. Es decir, que las trabajadoras sexuales bajo ninguna condición son mujeres libres que ejercen control sobre su cuerpo. Esta idea no es aislada. El proyecto de Rojas viene inspirado por la legislación sueca, donde opera la sanción a los clientes. También abundan las posiciones en el mundo que creen que por las condiciones de desigualdad de género no hay forma de que las mujeres sean libres en el momento de elegir el oficio del trabajo sexual.

Sin embargo, incluso bajo estas razones, sancionar a los clientes resulta inútil. La experiencia en otros países demuestra que esto fomenta que el trabajo sexual se vuelva aún más clandestino. La regulación, entonces, se vuelve cómplice del silencio que las trabajadoras deben adoptar para no perder su fuente de ingresos. Esto genera que los múltiples abusos que son comunes en esta población se queden en la impunidad.

Además, aprobar la propuesta de Rojas genera una disonancia cognitiva no menor: ¿qué hacemos con las mujeres que reivindican el trabajo sexual como una forma de vida? También en El Tiempo, Fidelia Suárez, líder de un sindicato de trabajadoras sexuales, dijo: “No podemos igualar el trabajo sexual, que es una actividad legal, con la trata de personas, que es un delito. La población que ejerce trabajo sexual tiene bien claro cuál es su oficio”.

Por eso, en Colombia la Corte Constitucional ha venido llenando los vacíos legislativos en cuanto al trabajo sexual, reconociéndolo como oficio y pidiendo que se proteja como tal. Las autoridades y el Congreso, como es habitual en temas similares, han demostrado ser ineficientes en su deber de regulación, dejando a esta población en el limbo jurídico, lo que facilita los abusos que se vienen denunciando. El año pasado fueron asesinadas 51 trabajadoras sexuales.

La trata de personas es un problema que Colombia debe enfrentar, pero no sirve unirlo a la prostitución. Al contrario: una regulación clara, integral y eficiente del trabajo sexual podría proteger a las mujeres que lo ejerzan, así como ayudar permitir que las autoridades se concentren en interrumpir las dinámicas perversas de la trata. La condescendencia de Rojas en este debate es un retroceso que le haría daño al país.

 

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