No se acabó el mundo, la demagogia sí

Así como el humo de cigarrillo ha sido vetado de espacios públicos, hacer lo propio con la droga permite alcanzar un balance entre el bienestar general y los derechos individuales. / Foto: AFP

La prohibición del porte y consumo de drogas en parques y alrededor de colegios es una buena medida tomada por el Congreso para saldar uno de los puntos de polémica que más ruido han hecho recientemente en el país. Con su aprobación se demuestra que los peores discursos contra la decisión de la Corte Constitucional en su momento estaban equivocados y se abre la puerta para que el debate público se concentre en asuntos más urgentes para el país.

Desde que la Corte Constitucional dijo que no se podía prohibir el porte y consumo de drogas de manera general, varios líderes políticos aprovecharon para obtener réditos con un tema que causa mucha indignación. Algunos dijeron, de manera irresponsable, que el alto tribunal estaba dejando a Colombia sin herramientas para combatir el microtráfico. Como ya es habitual con los debates morales, se utilizó la figura de los derechos de los niños para crear escándalo político. Las elecciones en varias ciudades han estado, de hecho, marcadas por este tema.

Sin embargo, como lo afirmaron varios expertos, lo que la Corte estaba rechazando era la falta de especificidad en una prohibición que puede afectar derechos individuales que tienen protección constitucional. Lo mismo vio Rodrigo Lara, quien, como solución, planteó el proyecto de ley que acaba de ser aprobado.

Como explicó Lara, su propuesta “es compatible con los términos del reciente fallo de la Corte Constitucional (pues) en lugar de establecer una prohibición general en todo el espacio público, establece zonas específicas para la prohibición del consumo y porte”.

La pregunta, entonces, pasa a ser si es útil y necesario que se prohíban el consumo y porte en los parques públicos y alrededor de los colegios. ¿Se vulnera con esto de manera inadecuada el derecho de los consumidores recreativos?

Aunque en este espacio hemos expresado nuestro reiterado apoyo al libre desarrollo de la personalidad, estamos de acuerdo en que debe tener límites. Así como el humo de cigarrillo ha sido vetado de espacios públicos y algo similar ha ocurrido con las bebidas alcohólicas, hacer lo propio con la droga permite alcanzar un balance entre el bienestar general y los derechos individuales. Este es el caso.

Además, la normativa aprobada faculta a los alcaldes para que restrinjan las sustancias en los espacios que consideren necesarios. El permitir que haya un análisis caso a caso generará, esperamos, una evaluación menos pasional y más útil de la prohibición.

Queda la pregunta de si la facultad otorgada a las asambleas y consejos de propiedades horizontales para que prohíban el consumo de estas sustancias en espacios privados es compatible con la Constitución, pero ese es un debate que puede darse en la Corte cuando, inevitablemente, esta ley llegue a conocimiento de los magistrados.

Mientras tanto, es de celebrar que un tema polémico se retire del debate público. El problema de las drogas sigue exigiendo una reestructuración en la respuesta estatal y si los candidatos emplean buena parte de su tiempo hablando de “parques libres de drogas”, no pueden dar las respuestas complejas que el país necesita.

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