¿Nos tomaremos en serio la emergencia climática?

En Colombia no se ha hablado lo suficiente sobre la emergencia climática y, por eso, tampoco se ha hecho lo necesario. / Foto: EFE

Hay buenas señales en Colombia sobre la emergencia climática. Después de varios años, en los que el país ha enfrentado el tema de manera tangencial, sin mostrar la urgencia que amerita el problema, se ven cambios en los discursos políticos. Solo esta semana, una declaración del ministro de Ambiente y otra de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) producen esperanza. Hacen falta, sin embargo, medidas más ambiciosas y que la voluntad de posicionar el debate en la agenda en efecto se vea representada en cambios a la matriz energética y de consumo nacional.

Empecemos por las malas noticias. Greenpeace y el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio publicaron un estudio alarmante: la polución originada por energías fósiles es la causante de cerca de 12.000 muertes prematuras por día. Al año, eso representa cuatro millones y medio de muertes en todo el mundo, de las cuales 40.000 son menores de cinco años. En total, unos 16 millones de menores de edad sufren asma debido al dióxido de nitrógeno (NO2) emitido por los vehículos de combustión y las centrales eléctricas.

El estudio Aire tóxico: el precio de los combustibles fósiles también alerta que en 2019 un 91 % de toda la población mundial vive en áreas donde la polución está muy por encima de los niveles máximos recomendados por la Organización Mundial para la Salud. Esto, además de los efectos perversos que tiene en la salud, representa costos económicos: 1.800 millones de jornadas laborales se pierden cada año en el mundo por bajas médicas derivadas de enfermedades causadas por respirar aire tóxico.

La conclusión es sencilla y ya bien conocida: tenemos que cambiar nuestra matriz energética y alejarnos de todos los procesos que empleen el combustible fósil como base.

Algo similar escribió el ministro de Ambiente de Colombia, Ricardo Lozano. Junto con otros tres expertos internacionales, el funcionario publicó una carta en la revista Nature proponiendo que “más países que tienen bosques tropicales adopten un impuesto sobre el carbono tropical, en América del Sur y Central, África, Asia y el Pacífico”. Esto, porque un gravamen de ese tipo “se invierte en soluciones climáticas naturales. Dicha política puede reducir el uso de petróleo, gas y carbón, y movilizar fondos nacionales para la adaptación y la mitigación”.

Como ejemplo de éxito se cita a Colombia, que gracias a la reforma tributaria de 2016 obtuvo US$148 millones a cambio de cobrar US$5 por cada tonelada de carbono emitido. Este dinero constituye el Fondo Colombia en Paz, del cual se distribuye 25 % para cuidado de ecosistemas y 5 % para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es refrescante ver a un miembro del Gobierno celebrar la utilidad del impuesto. El reto ahora, ministro, es ir más allá y adoptar políticas más agresivas para que el país se siga alejando del uso de los combustibles fósiles.

Para ese mismo lado apunta Asocapitales. Su nuevo presidente, el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, le dijo a El Espectador que los mandatarios quieren “influir en la agenda nacional para generar cambios profundos en las ciudades en términos de la protección del medioambiente. Que sean más verdes, que se promocione más el uso de la bicicleta como transporte, que logremos construir más plantas de tratamiento de aguas residuales y que su contratación sea, además, transparente”. Parten de un diagnóstico acertado: en Colombia no se ha hablado lo suficiente sobre la emergencia climática y, por eso, tampoco se ha hecho lo necesario.

Son gestos políticos que celebramos, pero no sobra recordar que el reloj está andando y el tiempo se acaba. Colombia está en mora de tomar decisiones difíciles, pero esenciales, para prepararse ante la emergencia climática. ¿Están dispuestos a llevar a la práctica todo lo que se ha prometido?

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