Nuevo esquema penal

HACE UNA SEMANA ESTE DIARIO publicó una entrevista con el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, en la que podía leerse el entusiasmo del funcionario por una reforma al sistema penal acusatorio que su despacho, en conjunto con el del Ministerio de Justicia comandado por Yesid Reyes, presentó al Congreso el jueves 16 de abril.

En dicha entrevista el fiscal hacía énfasis en la política de sometimiento de bandas criminales que está planeando: dotar al sistema de herramientas jurídicas para hacer más ágil la investigación de grupos de personas que se han dedicado a delinquir. De tal forma, y teniendo en cuenta los nuevos elementos, podrían adelantarse audiencias colectivas, como las de imputación o aceptación de cargos, y podría aplicarse ese mismo parámetro a, por ejemplo, los preacuerdos o la aceptación de cargos .

Sin duda, y desde esa perspectiva de “macrocriminalidad” que el fiscal ha venido anunciando desde que se posesionó en el cargo, la justicia colombiana, con sus particularidades frente a los hechos de la guerra, podría ser mucho más eficiente con la apropiación de estos insumos. Juzgar de uno en uno, de combatiente en combatiente, lo hemos dicho en este espacio, no resulta apropiado para casos como los de las emergentes bandas criminales. Serviría también para someter a aquellos que se salgan del proceso de paz que hoy se negocia con las Farc: una política de sometimiento, lo aclaró el fiscal en la entrevista, no es lo mismo que un proceso de justicia transicional.

Con todo, en medio de este proyecto de 107 páginas presentado al Congreso, se levanta una propuesta mucho más polémica: la posibilidad de beneficios por colaboración con la justicia, incluso cuando ya hay condena de por medio. Dicho más claramente: una persona que ha sido condenada, y que paga su castigo en una cárcel, podría negociar los años de su pena diciendo algunas verdades extras. La reglamentación de este aparte del proyecto, si es que algún día se convierte en ley, quedaría también en manos del fiscal general: la regulación es una facultad que de aquí le emana de forma inequívoca.

No solamente esta es la oportunidad de hacer un alto en el camino para revisar las muchas facultades que eventualmente podrían quedarle al fiscal general (¿quién diseñará, aparte de él, esta reglamentación del nuevo sistema penal acusatorio?), sino también para revisar la última propuesta con detalle: ¿Rompe con el esquema penal colombiano la posibilidad de que un condenado negocie su pena a cambio de colaborar de forma efectiva con la justicia? ¿Es eso lo conveniente cuando, por el llamado “principio de oportunidad” hoy vigente, esa persona ya ha tenido el chance de pactar un acuerdo? Dentro de estas dudas tampoco queremos dejar por fuera las suspicacias políticas (razonables, por demás) que se levantan: muy conveniente que justo cuando María del Pilar Hurtado vuelve a cumplir su condena, salga esta ley que le permite negociarla: ¿se hizo, acaso, con nombre propio?

No hay duda de que esta figura jurídica ha tenido éxito en el derecho anglosajón (en Nueva York y en California, por ejemplo, tiene plena aplicación), ni tampoco que conceptualmente, como tendieron a coincidir los expertos consultados por este diario, suena como una vía razonable para la política de sometimiento. Pero mucho es lo que tenemos que cambiar del sistema si queremos aplicar esta figura de forma bondadosa: ¿qué pasará con los “testigos falsos”? ¿No será este un perverso incentivo para acelerar la proliferación de tantas mentiras judiciales?

Si queremos que una política como esta prospere, debemos tener un sistema que no solamente proteja a las personas que a ella se acojan (en países donde esto se aplica, muchos han resultado asesinados en las cárceles) sino que, también, cuide la veracidad que debe acompañar a la justicia, y para ello se necesita una filtración eficaz de lo que puede o no ser verdad. El debate está abierto.

 

 

 

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