Nuevo viacrucis para Pedro Castillo en Perú

En el año y tres meses que lleva en el poder, el presidente suma ya seis indagaciones y dos intentos por vacarlo en el Congreso, que han resultado infructuosos.

Foto: EFE - Paolo Aguilar

A la ya de por sí caldeada situación política que vive el presidente peruano, Pedro Castillo, se le suma ahora un nuevo episodio que aumenta la incertidumbre. Patricia Benavides, fiscal de la Nación, presentó una denuncia que señala al mandatario como la cabeza de una presunta organización criminal que opera desde el palacio presidencial. El señalamiento fue rechazado por Castillo, quien ha dicho que se trata de un intento de golpe de Estado, por ser inconstitucional. La decisión final está en manos del Congreso, con amplia mayoría opositora.

El señalamiento hecho por la fiscal Benavides reviste una especial gravedad, dado que hace poco se llevaron a cabo pesquisas en las cuales han sido detenidas varias personas del entorno del primer mandatario, incluida su familia. Los principales señalamientos van dirigidos hacia dos exministros: Juan Silva, en Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, en Vivienda, como parte del entramado judicial que sacude al Perú. La presunta actividad delictiva es la de dirigir una red de corrupción “enquistada en el palacio de gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”, según el Ministerio Público. Ya está en prisión preventiva una cuñada de Castillo, mientras que la primera dama y dos de sus hermanos son investigados. En el año y tres meses que lleva en el poder, el presidente suma ya seis indagaciones y dos intentos por vacarlo en el Congreso, que han resultado infructuosos.

De otro lado, en medio de la polarización política que se vive en el país, el presidente y Aníbal Torres, su jefe de gabinete, han señalado que, de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución, la denuncia que ahora tramita el Congreso es “totalmente improcedente” por no ajustarse a los delitos que permitirían acusar judicial y políticamente al primer mandatario. Según Torres, “esta denuncia lo que persigue es desestabilizar al país; es contraria a la Constitución”. De esta manera se da el hecho inédito de que sea el Ministerio Público el que presente una denuncia que, de acuerdo a la carta máxima, no está investido para hacer.

Así las cosas, le corresponde ahora al Congreso continuar con el procedimiento que ya se inició tras el anuncio, el jueves pasado, de que en 10 días hábiles se determinará si se abre o no antejuicio a Castillo, cuyo período presidencial va hasta julio de 2026. Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al frente de esta etapa procesal, anunció que ya están evaluando la solicitud. En caso de ser declarada procedente, vendría un antejuicio político al primer mandatario, con una duración de dos a tres meses mientras llega al plenario Congreso, única instancia habilitada para decidir sobre su futuro, es decir, la eventual separación de su cargo.

En el curso de la semana anterior, la Fiscalía adelantó varias actividades en el país para desmontar la supuesta red criminal existente. Entre otros resultados detuvo a cinco de sus exasesores y allanó las oficinas y los domicilios de seis congresistas vinculados a la investigación. Tres de ellos hacen parte de la Subcomisión de Acusaciones, lo que enrarece aún más el ambiente, ya que pueden terminar siendo jueces y parte en esta primera etapa. Estos harían parte de una bancada parlamentaria de 12 integrantes que han sido señalados por un testigo secreto como piezas del entramado mediante el cual obtienen la adjudicación de importantes contratos sobre la base de su apoyo incondicional al presidente en el Congreso.

En el Perú, a pesar de las tormentas políticas que ha vivido el país vecino en las últimas épocas, ha primado la institucionalidad hasta el momento. En este caso corresponde esperar que se siga el camino señalado por la ley para determinar las eventuales responsabilidades.

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