Hablar del cáncer de la corrupción es ya un lugar común. No en vano se le atribuye a Séneca el haber dicho que “la corrupción es un vicio de los hombres, no de los tiempos”. Nada más cierto. Las graves denuncias y escándalos que se han generado en las últimas semanas en la región, y en Colombia, ratifican la validez de la cita. La respuesta apropiada debería ser la pronta investigación y sanción a los responsables. He aquí el dilema.
La gravedad dentro del llamado escándalo Odebrecht es la forma en que una firma constructora logró instalar todo un andamiaje para permear y corromper a cerca de diez países de América Latina. Tanto así que existen mapas interactivos en los cuales basta con ingresar al país de interés y acceder a las acusaciones formuladas, a las investigaciones en curso o a las sanciones a las que se han hecho acreedores sus implicados. Algunos de ellos presidentes en ejercicio, o expresidentes, que deberán responder ante la justicia por los muy graves señalamientos y pruebas que existen en su contra.
La red de corrupción, en este caso, sobrepasó todos los estándares conocidos. Con un trabajo de filigrana, la empresa brasileña terminó cooptando personas del sector privado y a políticos y funcionarios que recibieron millones de dólares en coimas para que se le adjudicaran jugosos contratos de infraestructura. En el caso de Colombia, como lo mencionamos en este espacio unos días atrás, las dos campañas políticas que definieron la última elección presidencial aparecen directamente implicadas. Sin entrar a determinar responsabilidades colectivas o individuales, lo cierto es que, una vez más, hay un país asqueado de ver cómo la corrupción acaba con todo. Les corresponde a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral estar a la altura de sus responsabilidades y sancionar a los responsables.
Con dar una mirada al vecindario, se aprecia mejor la dimensión de la crisis actual. En Brasil, tanto Michel Temer, actual presidente, como Lula da Silva, Dilma Rousseff y más de la mitad del Congreso se han visto implicados o sacudidos. Allí comenzó el escándalo y, gracias a que el mismo terminó en manos de la justicia de Estados Unidos, se ha podido conocer su magnitud. Marcelo Odebrecht, cabeza del emporio, purga una condena de 19 años. El caso más sonado ha sido el de Perú, donde las autoridades han ofrecido recompensa internacional para capturar el expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir US$20 millones. El tema no termina ahí, pues su antecesor, Alan García, y su sucesor, Ollanta Humala, y su esposa, Nadine Heredia, junto con el expresidente panameño Ricardo Martinelli y el salvadoreño Mauricio Funes, también están señalados de beneficiarse de sobornos. Todo lo anterior sin mencionar a Venezuela, donde la empresa brasileña mantuvo la mejor relación con el gobierno chavista.
Denominado, con razón, “la mayor red de sobornos extranjeros de la historia”, debería motivar un movimiento ciudadano de tolerancia cero contra este tipo de conductas. Exigir el fortalecimiento de los mecanismos de control, garantizar una pronta y efectiva justicia, así como el aumento de penas a los corruptos, incluyendo la muerte política para aquellos que terminen involucrados. La semana anterior Rumania vivió multitudinarias protestas callejeras cuando los ciudadanos, hartos de ver cómo este mal corroía a la clase política, decidieron oponerse a nuevas leyes que disminuían las sanciones a quienes se vieran involucrados en dicho delito.
De momento, una vez abierta la caja de Pandora, el ambiente en la región es de hastío y cansancio contra la clase política tradicional. De ahí que, para que no paguen justos por pecadores, sea necesario exigir, una vez más, la pronta actuación de la justicia con claridad para enjuiciar a los responsables y aplicarles las máximas penas. La paciencia de la ciudadanía tiene un límite.
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