A ordenar la casa

Por ahora hay que hablar en tiempo pasado: Juan Manuel Santos tuvo en su segunda legislatura una buena relación con el Congreso.

Y al decir buena nos quedamos cortos, porque el órgano legislativo y de control político fue, antes bien, puesto en tela de juicio por muchos como un “apéndice del Gobierno Nacional”.

Y no exageraban los críticos: cualquier proyecto que la Unidad Nacional presentara, era aprobado a pupitrazo limpio. Había alguna oposición pero, aunque dura, siempre fue muy incipiente; los proyectos de ley fueron convirtiéndose, uno a uno, en leyes de la República. Todo parecía sonreírle al presidente Santos en su relación con el Congreso hace unos meses, cuando nadie era capaz de encontrarle el punto de quiebre a su gobierno. Si éste era cuestionado por alguna razón, él simplemente —a veces de forma muy razonable, pero otras para mantener contento a todo el mundo— salía a retractarse; a echar para atrás las razones del descontento, lo que supuso un cambio radical de mentalidad comparado con el gobierno anterior.

Pero las molestias empezaron a surgir poco a poco: los estudiantes en la calle en contra de la reforma educativa o los ciudadanos chiflándolo en un evento de tecnología por cuenta de la llamada Ley Lleras 2.0 son algunos de los ejemplos. Y todo cambió con la reforma a la justicia. Pese a que Santos salió a retirarla del mundo jurídico, sacó de su manga una carta que, para las circunstancias de ese momento, fue muy bien jugada, pero que probablemente le costará: les echó la culpa a los congresistas para excusar su parte de responsabilidad en el estropicio.

“¡Esto es inaceptable para el país y para el Gobierno!”, repetía el presidente en todos los escenarios. Y al hacerlo contrapuso, tal vez por primera vez, su gobierno a sus coaliciones en el Congreso. Se separó de él. Se volvió ajeno a lo que el organismo hacía.

Hoy comienza una nueva legislatura en la que el Congreso será protagonista. Ese mismo Congreso que abucheó al Gobierno en su recinto, días después de que el presidente pronunciara el discurso de rechazo a la reforma. El mismo que le devuelve al Gobierno la culpa por el nacimiento del adefesio jurídico. Qué problema. Estamos frente a un quiebre de relación institucional, pero también de gobernabilidad.

El presidente Santos deberá tener mucho tacto al tratar de recomponer las relaciones con su antiguo aliado. Decir que en este momento no tiene mucha necesidad del Congreso, como se argumenta por los pasillos del Palacio de Nariño, suena más a disculpa orgullosa que a realidad: faltan sus anunciadas reformas tributaria, pensional, a las CAR, la reglamentación de la consulta previa, entre otros temas gruesos. El ambiente está enrarecido y el presidente, un hombre reconocido por saber componer relaciones, deberá demostrar hasta qué límites llegan sus habilidades.

Por lo pronto, el Congreso no puede entrar en un juego de odios, de peticiones y de favores recibidos. El senador John Sudarsky, del Partido Verde, ha advertido que en esto se puede convertir todo el malentendido político. Se debería, más bien, recuperar el rol que tiene que ejercer un aparato legislativo, algo que parecen haber olvidado muchos congresistas. Porque así como no puede ser un simple apéndice del Ejecutivo, tampoco debe convertirse en un órgano que, por capricho, le haga la vida imposible. Hay cosas más importantes en Colombia que entrar en ese jueguito de orgullos heridos. Las instituciones han sentido el cimbronazo y revitalizarlas es tarea prioritaria. Gobierno y Congreso deben entenderlo y actuar en consecuencia.