Otra mordaza, esta vez económica

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El fallo contra Vicky Dávila y La FM parte de una premisa falsa. Quien decidió separar de su cargo al coronel retirado de la Policía Jorge Hilario Estupiñán fue esa institución, no la periodista. Esa decisión, que según el Tribunal de Bogotá, en segunda instancia, se tomó de manera indebida y apresurada, fue emitida por autoridades que tienen total autonomía, independencia y son lo suficientemente poderosas como para responsabilizarse por sus actos. ¿De cuándo acá la opinión de una periodista es capaz de manipular y secuestrar la voluntad de una institución como la Policía? Se trata de otro ataque judicial a la libertad de prensa y de expresión, que ya de por sí están golpeadas en Colombia.

La situación es la siguiente. En La FM, Vicky Dávila estaba reportando sobre una controversia por supuestos hechos de corrupción que parecían estar relacionados con Estupiñán. Con la información disponible en su momento, incluyendo unas grabaciones comprometedoras, Dávila entrevistó al coronel, así como al inspector general de la institución, el general Yesid Vásquez Prada. También dijo que “la grabación es contundente, y ya lleva en manos de la Policía un mes, debería ya haber una decisión mínimamente de tener a este señor separado del cargo para que no haga más contrataciones, que evidentemente está queriendo direccionar la contratación en ese departamento y eso es corrupción. Eso no tiene vuelta de hoja”.

Esas declaraciones, para el Tribunal de Bogotá, ameritan que Estupiñán, hoy absuelto en un proceso posterior, tenga derecho a una reparación económica. Según los magistrados, “la periodista obró con falta de diligencia profesional, pues de manera inexplicable y totalmente inquisidora presionó con ironía, sarcasmo en sus preguntas, encaminadas a presionar que un proceso disciplinario se acelerara al punto de apartar del cargo a un funcionario de la Policía, función que, desde luego, desdibuja los fines y propósitos periodísticos, que es un prejuzgamiento de quien no está legitimado para ello”.

Hay que hacer precisiones. Es cierto que los periodistas no somos jueces, por eso hay que resistir el llamado de las redes sociales y de parte de la audiencia a lanzar acusaciones infundadas. Sin embargo, ¿no fue la Policía la que decidió apartar a Estupiñán de su cargo? ¿Acaso unas preguntas con “ironía” y “sarcasmo” son suficientes para manipular el actuar de toda una institución, que tiene sus propios procesos internos? ¿Desde cuándo, además, el periodismo no puede ser punzante y expresar sus opiniones? El mensaje que se envía es terrible: los periodistas van a preferir callar antes que levantar dudas sobre sospechas genuinas que tengan.

Está bien si los magistrados querían reprochar la manera de actuar de Dávila, pero cuando la sancionan económicamente están utilizando una mordaza peligrosa.

El gremio periodístico necesita reflexión, es cierto. A veces nos dejamos llevar por el calor de los escándalos, por los rugidos de las tribunas. Nuestra labor no es la de ser jueces, solo indagar. Pero la libertad de prensa es necesaria y decisiones como la del Tribunal de Bogotá solo la reducen, la dificultan y generan temor entre quienes trabajamos, navegando entre grises e impunidad, por informar a Colombia.

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