Volvemos, entonces, a la discusión de un tema viejo que, valga decirlo, no ha podido superarse por cuenta de los muchos prejuicios que hay alrededor del tema. Queremos ser bastante claros en nuestro planteamiento: un Estado que no tenga suficientes motivos para dar un tratamiento distinto a dos personas, las está discriminando. Mucho más, por supuesto, cuando esa distinción se funda en motivos de orientación sexual: es por eso que no vemos la razón de imponer un obstáculo a las parejas homosexuales para poder adoptar menores de edad. No hay ninguna realidad de fondo que pueda ser considerada como razonable para esa prohibición.
Ante esto, por supuesto, caben muchos reparos. Sin embargo, todos nos parecen argumentos que esconden algún tipo de discriminación en su interior: ese es el camino que ella elige para poder imponerse en el debate público. Están los argumentos apesadumbrados, por ejemplo: esos que invocan el superior interés de los menores de edad, quienes sufrirían algún tipo de padecimiento creciendo en una familia homoparental. Mucho es lo que ha escrito la ciencia médica al respecto, refutando desde hace años esa premisa: los estudios más serios descartan cualquier daño que el menor pueda sufrir. Los niños, en últimas, necesitan unos padres que los amen y se responsabilicen por ellos. Están los argumentos homofóbicos, también: esos dichos por quienes, creyéndose de avanzada, aseguran que los homosexuales merecen todo el respeto, todos los derechos, menos ese, que no hace parte de lo jurídicamente exigible. El problema es que, ante el avance de los derechos que ellos mismos mencionan, luce bastante incoherente apartar la adopción de la baraja de opciones.
Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa, dijo en este periódico que la adopción no era un derecho automático de todas las personas. Tiene toda la razón. Para tener este privilegio hay que pasar una serie de filtros impuestos de manera estricta por el Estado: pero uno de ellos, como ha quedado claro en repetidas ocasiones, no puede ser una condición sexual determinada.
La Corte ha elegido, de nuevo, a un conjuez para que decida sobre el caso que hoy prende las esperanzas de quienes quieren una sociedad más igualitaria y las alarmas de quienes se niegan a aceptar la evolución de la sociedad. En esta oportunidad es Jaime Córdoba Triviño. Los analistas comienzan a hablar de sus tendencias liberales, de su legado como abogado, de cómo podría inclinar la balanza hacia una decisión posible.
Sin embargo, mucho más allá de estas consideraciones jurídicas, se nos antoja que la igualdad en esta clase de casos es hoy imparable: no hace mucho (casi nada, de hecho) se lamentaban quienes defienden la adopción igualitaria por un fallo de la Corte que la reivindicaba sólo en los casos en que esta fuera consentida por parte del padre biológico de la pareja. Hoy hay más tela para cortar.
Creemos, de todas formas, que la Corte podría dar una muestra de su vanguardismo (y de su defensa de los derechos fundamentales) otorgando esta posibilidad y quitando los obstáculos que se le han construido enfrente a la comunidad LGBTI. La oportunidad ha llegado.