Se ha querido ocultar el debate acerca de esta movida, que representa una práctica deplorable en nuestras instituciones: la perpetuación en el poder de los mismos nombres. La lógica de carrusel que tantos medios hemos denunciado y que en este caso se materializa en la Rama Judicial de alto perfil.
La esperpéntica y fallida reforma a la justicia quería darle un pedazo de la torta a cada rama del poder. Algunos magistrados no se quedaron por fuera, exigiéndole al Gobierno una modificación constitucional que les permitiera permanecer en el cargo por varios años más, como tratándose de una propiedad privada y no de una función pública. El intento diáfano de descongestionar la justicia y hacerla más eficaz para los ciudadanos (que, entendimos, era la finalidad cuando ese torbellino arrancó), se convirtió en un festín burocrático sin precedentes. Cayó la reforma, pero se mantuvieron las ganas de sus beneficios.
El día miércoles supimos que estos dos “nuevos” nombramientos se habían hecho, lo que implica muchas cosas. Parece que, por arte de la magia de unos pocos, volvimos a la época de la cooptación, consagrada en nuestra conservadora Constitución de 1886 —hecha hace dos siglos—, que planteaba que los mismos magistrados elegían a su reemplazo. Al traste dimos, entonces, con un sistema democrático alejado del clientelismo. Por otra parte, resulta triste ver cómo el Consejo Superior de la Judicatura sigue siendo el foco principal del clientelismo de la rama, en vez de una entidad respetable que cumple a cabalidad con sus funciones de administrarla y de emitir sanciones disciplinarias. No es gratuito que se quisiera acabarlo.
Lo peor, sin embargo, se da en términos institucionales y democráticos. Institucionales porque no es coherente que un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia —sea de la sala que fuere— ocupe un cargo administrativo. Los perfiles deben ser distintos. Las habilidades que se exigen para este cargo en específico se alejan muchísimo de las que un magistrado experimentado puede ofrecer: personas que conozcan las carreras judiciales, las prácticas de los jueces, sí, pero sobre todo buenos gobernantes. Individuos que tengan experiencia en la toma de decisiones en gestión pública. El Consejo Superior de la Judicatura es, de acuerdo con lo que nos dijo la Corporación Excelencia en la Justicia, el garante máximo de la autonomía de la rama. Es por eso que sus nombramientos deberían estar a la altura de lo que la institución pide.
Pero está también el elemento democrático. Hace tres meses insistimos en estas mismas líneas que, por el bien del Consejo Superior, se hicieran audiencias públicas en aras de la transparencia. Con buenos nombramientos se podrían solucionar los problemas de esta alta corte colombiana que tanto tiempo ha estado en entredicho. Pero no. Se optó por el colombianísimo adagio de “los mismos con las mismas” y todo seguirá igual. No queremos caer en personalismos absurdos, diciendo que estos dos “nuevos” magistrados no darán la talla. Pero es palpable la inconveniencia de que no se renueve la nómina, como si la muerta reforma a la justicia estuviera operando entre las instituciones públicas. Mal por este momento que vivimos, uno que nos muestra una institucionalidad débil, que tuerce la ley a su acomodo, y una ciudadanía callada que ni se percata de lo que está pasando.