Otras reformas a la justicia

La reforma a la justicia fue una cosa. Sus efectos jurídicos devastadores pertenecen al pasado y allá hay que dejarlos. No así las responsabilidades políticas que se derivaron de ellos ni tampoco el fervor ciudadano que despertó una indignación muy provechosa.

Respiremos. Pasemos la hoja. Porque el tremendo escándalo en que resultó la malhadada reforma no ha dejado ver que han entrado en vigencia nuevas leyes que, sin ser tan publicitadas, podrían contribuir mayormente al propósito único que debió encarnar la fallida reforma: descongestionar la justicia y mejorar el acceso a ella, para que los ciudadanos de a pie puedan tener en sus manos un derecho consagrado.

Son unas reformas que el Gobierno también tramitó. Entre ellas se destacan el Código Administrativo y Contencioso-Administrativo, el Código General del Proceso y el Nuevo Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Estos instrumentos logran organizar un poco el funcionamiento de la rama, de sus diferentes jurisdicciones, y ponen un orden que, si se cumple, descongestionaría en gran parte los procesos judiciales de este país.

El nuevo Código Administrativo y Contencioso-Administrativo —regulador histórico de los procesos entre el Estado y los particulares— impone la oralidad en los procedimientos; crea, por fin, el uso de medios electrónicos para surtir los trámites (correos electrónicos, por ejemplo), y promueve la obligatoriedad de seguir la línea de las sentencias de unificación del Consejo de Estado, entre muchas otras cosas. Asuntos que sin duda otorgan no sólo celeridad, sino también lógica: con esta nueva disposición se da la derogatoria de otras anteriores que hacían el acceso al código algo muy engorroso. Este código, sin embargo, entra en vigencia sin la debida adecuación del sistema. ¿Cómo harán los jueces para aplicar la norma sin las condiciones pertinentes? Alguien debería contarnos.

El nuevo Código General del Proceso, por su lado, aparte de reunir todas las demás disposiciones procedimentales (teniendo cuidado de no entorpecer el trámite surtido en cada una de las jurisdicciones especiales), trata, más que todo, de simplificar las demandas entre particulares. Hace más simple el acceso a la justicia: muchos nuevos procesos se surtirán sin necesidad de abogado, los procedimientos serán orales, los trámites de desalojos y embargos serán mucho más expeditos. Es cierto que la norma está en vigencia, pero demorará dos años en entrar a aplicarse con el fin de prepararla mejor. Un acierto. A juicio de los expertos, también, representa una norma ajustada a las necesidades de Colombia y no importada. Enhorabuena.

Finalmente está el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Es una respuesta a la dispersa legislación que existe sobre el tema y que logra unificar un asunto de mayor importancia: los procesos resueltos por fuera de los juzgados. El término amable de una disputa jurídica. El estatuto ha incorporado las disposiciones que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CNUDMI, propuso en su Ley Modelo sobre Arbitraje. Nada mejor que blindar con nuevas oportunidades al arbitramento: celeridad, medios electrónicos, arbitraje social para la gente de escasos recursos (que ni en sueños podrían pagar los honorarios a los que estamos acostumbrados), entre otros.

Con la entrada en vigencia de estas normas se demuestra que harto hay por hacer para reformar la justicia sin necesidad de deformar la Constitución Política del país.

Al margen de esto, no hay que olvidar que las leyes son una cosa y la implementación es otra. Ya el Código Contencioso nos demuestra esos problemas. Las leyes se hacen (y en Colombia más), pero lo realmente importante es que el sistema se adapte para que éstas tengan una correcta aplicación. De nada nos servirán si son letra muerta.

Temas relacionados

 

últimas noticias

Crímenes de Estado contra periodistas

Una apuesta ambiciosa por la educación