Otro problema con la consulta previa

Otro conflicto entre sostenibilidad y desarrollo, mediado por el derecho de los pueblos indígenas de tomar decisiones sobre su territorio, tiene enfrentados al Pueblo Siona, que habita en Putumayo, con la petrolera Amerisur. La frustración experimentada con ambos bandos deja en evidencia, nuevamente, los problemas que surgen porque el Estado no ha encontrado un mecanismo adecuado para sopesar adecuadamente la asignación de proyectos extractivos con la protección de las comunidades.

El caso, como lo dio a conocer El Espectador, es el siguiente. El Pueblo Siona, que fue declarado en peligro de extinción y que cuenta aproximadamente con 2.600 miembros, vive en cuatro municipios de Putumayo en espacios denominados como resguardos por el Gobierno Nacional. En ejercicio de sus derechos, redactó un Plan de Salvaguarda, con apoyo del Ministerio del Interior, en 2012. Sin embargo, Amerisur Resources, una compañía británica, pero enfocada en Colombia y Paraguay, ganó en una subasta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos el Bloque PUT 12, unas 54.433 hectáreas ubicadas entre los municipios de Puerto Asís y Leguízamo, y que se solapa con sus resguardos. Por obvias razones, tiene la intención de explotar los recursos de la zona.

El problema es que, en cumplimiento de la Constitución, se llevó a cabo una consulta previa entre Amerisur, el Pueblo Siona y el Gobierno Nacional, donde la decisión de los indígenas fue no permitir la explotación petrolera. Mario Erazo, gobernador de uno de los resguardos de los sionas, explica mejor sus razones para la negativa: “El Pueblo Siona ha sido golpeado por muchos impactos. Por el caucho, la quinua, las pieles, los cultivos ilícitos, los evangelizadores. Ahora por una multinacional petrolera. Los mayores siempre han resistido bajo un mandato de vida. Tenemos que mantener ese legado”.

Amerisur, no obstante, contesta que “el desarrollo de un proceso de consulta previa no conlleva derecho al veto” y reitera que es el Estado el propietario del subsuelo, por lo que puede conceder la licencia de explotación. El Ministerio del Interior dice que en el 93 % de las consultas se llega a un acuerdo, pero no puede hacer más en el otro 7 %, pues, como en este caso, la decisión final la tiene la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Entonces, si la ANLA concede la licencia, no habrá nada que el Pueblo Siona pueda hacer. ¿Es esta la mejor manera de solucionar este tipo de tensiones? Especialmente porque la frustración expresada tanto por la comunidad indígena como por la petrolera es completamente justificada. ¿Por qué, si el Gobierno designa zonas de resguardos para proteger la autodeterminación de ciertas comunidades y la sostenibilidad del país, el mismo Estado, mediante la Agencia Nacional de Hidrocarburos, contrata proyectos sobre esos mismos territorios? ¿Para qué consulta previa si en los casos de desacuerdo ésta no tiene validez al final?

El problema no es nuevo y es uno que han tenido que vivir muchas comunidades de distintos orígenes, y es análoga a la lucha reciente entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales sobre cómo definir la política extractiva de Colombia. La solución no es sencilla, pero un primer paso es abrir espacios de diálogo entre lo nacional y lo local y, sobre todo, tomar medidas para garantizar que incoherencias entre agentes del Estado, como en este caso, no se sigan presentando. Finalmente, nos repetimos: es ahora el momento de priorizar el desarrollo sostenible y dejar a un lado la falsa dicotomía entre bienestar económico y protección del medioambiente. El futuro inmediato del país lo necesita.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com

Otro conflicto entre sostenibilidad y desarrollo, mediado por el derecho de los pueblos indígenas de tomar decisiones sobre su territorio, tiene enfrentados al Pueblo Siona, que habita en Putumayo, con la petrolera Amerisur. La frustración experimentada con ambos bandos deja en evidencia, nuevamente, los problemas que surgen porque el Estado no ha encontrado un mecanismo adecuado para sopesar adecuadamente la asignación de proyectos extractivos con la protección de las comunidades.

El caso, como lo dio a conocer El Espectador, es el siguiente. El Pueblo Siona, que fue declarado en peligro de extinción y que cuenta aproximadamente con 2.600 miembros, vive en cuatro municipios de Putumayo en espacios denominados como resguardos por el Gobierno Nacional. En ejercicio de sus derechos, redactó un Plan de Salvaguarda, con apoyo del Ministerio del Interior, en 2012. Sin embargo, Amerisur Resources, una compañía británica, pero enfocada en Colombia y Paraguay, ganó en una subasta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos el Bloque PUT 12, unas 54.433 hectáreas ubicadas entre los municipios de Puerto Asís y Leguízamo, y que se solapa con sus resguardos. Por obvias razones, tiene la intención de explotar los recursos de la zona.

El problema es que, en cumplimiento de la Constitución, se llevó a cabo una consulta previa entre Amerisur, el Pueblo Siona y el Gobierno Nacional, donde la decisión de los indígenas fue no permitir la explotación petrolera. Mario Erazo, gobernador de uno de los resguardos de los sionas, explica mejor sus razones para la negativa: “El Pueblo Siona ha sido golpeado por muchos impactos. Por el caucho, la quinua, las pieles, los cultivos ilícitos, los evangelizadores. Ahora por una multinacional petrolera. Los mayores siempre han resistido bajo un mandato de vida. Tenemos que mantener ese legado”.

Amerisur, no obstante, contesta que “el desarrollo de un proceso de consulta previa no conlleva derecho al veto” y reitera que es el Estado el propietario del subsuelo, por lo que puede conceder la licencia de explotación. El Ministerio del Interior dice que en el 93 % de las consultas se llega a un acuerdo, pero no puede hacer más en el otro 7 %, pues, como en este caso, la decisión final la tiene la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Entonces, si la ANLA concede la licencia, no habrá nada que el Pueblo Siona pueda hacer. ¿Es esta la mejor manera de solucionar este tipo de tensiones? Especialmente porque la frustración expresada tanto por la comunidad indígena como por la petrolera es completamente justificada. ¿Por qué, si el Gobierno designa zonas de resguardos para proteger la autodeterminación de ciertas comunidades y la sostenibilidad del país, el mismo Estado, mediante la Agencia Nacional de Hidrocarburos, contrata proyectos sobre esos mismos territorios? ¿Para qué consulta previa si en los casos de desacuerdo ésta no tiene validez al final?

El problema no es nuevo y es uno que han tenido que vivir muchas comunidades de distintos orígenes, y es análoga a la lucha reciente entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales sobre cómo definir la política extractiva de Colombia. La solución no es sencilla, pero un primer paso es abrir espacios de diálogo entre lo nacional y lo local y, sobre todo, tomar medidas para garantizar que incoherencias entre agentes del Estado, como en este caso, no se sigan presentando. Finalmente, nos repetimos: es ahora el momento de priorizar el desarrollo sostenible y dejar a un lado la falsa dicotomía entre bienestar económico y protección del medioambiente. El futuro inmediato del país lo necesita.

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